Juez declara ilegal tarifa adicional para visas H-1B impuesta por Trump Un cobro de 100.000 dólares por cada nueva visa H‑1B fue presentado como defensa del trabajador estadounidense y terminó condenado en los tribunales como un impuesto inconstitucional. El pulso entre proteccionismo migratorio y Estado de derecho se saldó, al menos por ahora, a favor de los jueces.

Lo que quiso hacer Trump vs. lo que dijo el juez

La administración Trump vendió la tarifa como un fuerte desincentivo para que las grandes tecnológicas “dejen de capacitar” a extranjeros y favorezcan a empleados estadounidenses, según explicó el entonces secretario de Comercio, Howard Lutnick. La idea: encarecer tanto la visa H‑1B que resultara más barato contratar local.

Pero el juez federal Leo Sorokin, en Boston, vio otra cosa: un impuesto encubierto. Calificó el cobro de 100.000 dólares como “un impuesto no autorizado y no aprobado por el Congreso” y dictaminó que “la norma que pone en práctica el decreto se declara ilegal y queda ANULADA en su totalidad”.

Estados y empresas, del bloqueo al alivio

Veinte estados, con California al frente, llevaron la pelea a los tribunales alegando que la Casa Blanca se “extralimitó” en sus facultades al imponer el cobro sin pasar por el Congreso. Para ellos, no era solo una cuestión de procedimiento: la tarifa aumentaba “de forma inconstitucional e injusta” los costos para empleadores que dependen de talento extranjero altamente calificado.

El fallo supone un alivio inmediato para el sector tecnológico y empresarial, que veía un “freno casi total” a las solicitudes H‑1B, y para industrias tan dispares como la agrícola, la de energías renovables o la médica, también dependientes de estos visados.

La batalla más allá de la H‑1B

Mientras la oposición celebra el fallo como un correctivo a un intento de “crear el mayor caos posible” en el sistema migratorio laboral, el bloque alineado con el gobierno subraya que el juez no cuestionó la capacidad de regular la inmigración, sino el intento de hacerlo vía impuesto sin aval legislativo.

La guerra sobre quién controla la política migratoria —la Casa Blanca o el Congreso, los jueces o el Ejecutivo— seguirá. Esta vez, la tasa de 100.000 dólares no sobrevivió al primer asalto.

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