Presidente Petro ordena la liquidación de la empresa de energía Air-e El Caribe colombiano quedó atrapado entre la promesa de una “empresa pública fuerte” y el fantasma de un apagón masivo tras la orden de Gustavo Petro de liquidar Air‑e, el operador de energía de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Lo que dice el Gobierno: cirugía mayor al modelo fracasado

Desde la Casa de Nariño se vende la decisión como un giro estructural. Petro plantea liquidar Air‑e “para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”, tras casi dos años de intervención y una millonaria deuda acumulada. La idea: reemplazar un operador inviable por una nueva empresa estatal regional que reorganice el servicio eléctrico en la Costa.

El Gobierno se apoya en los diagnósticos de los organismos de control: la Contraloría ya había alertado sobre la “descapitalización progresiva” y el deterioro patrimonial de Air‑e, advirtiendo que, de mantenerse la tendencia, la inviabilidad económica era cuestión de tiempo. Para el Ejecutivo, la liquidación es la salida a un experimento regulatorio y empresarial que no funcionó.

Lo que responden gremios y veedurías: salto al vacío y posible apagón

Del otro lado, el sector eléctrico habla de bomba de tiempo. Gremios recuerdan que la intervención no solo no saneó las finanzas, sino que disparó la deuda desde unos $530.000 millones hasta alrededor de $2,3 billones –2,5 billones según otras estimaciones–, con fuerte exposición de generadoras térmicas e hidráulicas.

La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air‑e califica el anuncio como un acto “irresponsable, imprudente y que carece de sustento jurídico”, y denuncia que se estaría violando la Constitución y las leyes de servicios públicos al avanzar sin un operador de reemplazo ni un plan de pagos a generadores y transmisores. Andeg es aún más frontal: “liquidar Air‑e es irresponsable, ilegal y con tintes políticos”, y advierte que, al iniciar la liquidación, la compañía no podría comprar ni vender energía ni facturar, lo que en la práctica significaría apagarle la luz a 1,3 millones de hogares del Caribe.

Los gremios temen un doble apagón: uno físico en tres departamentos que podrían quedar “apagados automáticamente”, y otro financiero, con deudas congeladas y un Estado que, según Andeg, no puede liquidar una empresa pública “debiéndole plata a la gente” sin acuerdos previos.

Coincidencia incómoda: todos aceptan la crisis, nadie se hace cargo

Gobierno, veedurías y sector privado coinciden en algo: Air‑e es inviable en su estado actual y el sistema eléctrico del Caribe está al borde del colapso. La diferencia es el diagnóstico político: para Petro, el problema son los viejos operadores y el modelo heredado; para gremios y veedurías, el verdadero quiebre se produjo durante la intervención estatal, que multiplicó la deuda y ahora pretende “resetearla” con una liquidación exprés.

En la Costa, en todo caso, el pulso no es ideológico sino existencial: o hay una transición milimétricamente planeada, o el experimento de estatización puede terminar, literalmente, a oscuras.

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