Colombia desarticula red de lavado de activos vinculada al tráfico de migrantes
Colombia desarticula red de lavado de activos vinculada al tráfico de migrantes Colombia canta victoria contra una megared de lavado ligada al tráfico de migrantes, pero la operación abre un debate incómodo: ¿golpe estructural al crimen o parche mediático frente a una crisis migratoria desbordada?
El relato oficial: un “gran golpe” al dinero sucio
Desde la órbita cercana al Gobierno, el caso se vende como una demostración de capacidad institucional: nueve presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico de migrantes por la frontera con Panamá fueron imputados por lavar cerca de 100.000 millones de pesos, unos 29,1 millones de dólares. La Fiscalía destaca que se trata de una organización que habría convertido el golfo de Urabá en embudo migratorio, facilitando la salida irregular de más de 800.000 personas mediante falsos “paquetes turísticos” promocionados en redes sociales.
El énfasis oficial está en la sofisticación financiera: empresas de transporte marítimo y fluvial como fachada, compra de bienes muebles e inmuebles y transferencias fraccionadas (“pitufeo”) para ocultar el origen ilícito de los fondos. El mensaje: el Estado sí puede seguirle la pista al dinero, incluso cuando se esconde detrás del turismo y la selva del Darién.
La mirada crítica: síntoma de un problema más profundo
Los medios y voces más cercanas a la oposición cuentan la misma historia de hechos, pero con otro subrayado: si una sola red pudo amasar 29,1 millones de dólares lavados mientras movía a más de 800.000 migrantes por Urabá, es porque el negocio lleva años normalizado en la frontera.
La imputación por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir aparece menos como fin de ciclo y más como recordatorio tardío: la ruta del Darién, por donde en 2023 cruzaron más de 520.000 migrantes, sigue siendo un corredor donde el crimen organizado va un paso adelante de los Estados.
En resumen, el Gobierno exhibe el caso como trofeo, mientras sus críticos lo leen como evidencia de que la máquina del tráfico de personas —y del dinero que genera— sigue viva, aunque le hayan quitado una pieza.
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