Desbloquean la Troncal del Caribe tras acuerdo con comunidades de Guachaca La Troncal del Caribe volvió a moverse, pero el pulso político por explicar el bloqueo —y el desbloqueo— sigue totalmente atascado.

Por un lado, el relato de la oposición se centra en la ausencia de Fuerza Pública. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, aparece como la voz de la presión y el reproche: exige a la Policía Nacional “adoptar medidas para restablecer movilidad en la Troncal del Caribe”, y califica como “inexplicable” la demora para autorizar el ingreso de uniformados a los puntos de cierre, mientras “cientos de turistas… niños, adultos mayores” permanecen atrapados y asustados. El énfasis: omisión del Estado, riesgo para los civiles y un clamor por mano firme frente a los bloqueos originados tras la operación militar contra estructuras de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Del otro lado, el gobierno distrital de Santa Marta vende una historia distinta: la del éxito del diálogo. La Troncal “comenzó a ser habilitada de manera gradual” luego de que una Comisión Humanitaria de la Alcaldía alcanzara un acuerdo con las comunidades de Guachaca, desmontando siete bloqueos levantados tras los enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados ilegales. Aquí la narrativa resalta la negociación, el “despeje paulatino” con maquinaria amarilla y la prioridad en “garantizar la protección de la población civil… así como la seguridad de los militares” en la zona.

Coinciden en algo: los civiles quedaron en medio de una confrontación armada que nunca eligieron. Divergen en el cómo: presión policial inmediata versus acuerdo humanitario progresivo. Mientras la oposición insiste en que la inacción “expone innecesariamente” a la comunidad, el gobierno-alineado reivindica la desescalada dialogada y la coordinación para el traslado del cuerpo de un soldado muerto y de los heridos.

La vía se despeja. El debate, no tanto.

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