Senado aprueba en último debate la Ley Jineth Bedoya

El Senado de la República aprobó en su último debate la Ley Jineth Bedoya, que tiene como objetivo prevenir la revictimización de mujeres víctimas de violencia de género y asegurar una atención efectiva por parte de los funcionarios públicos. La iniciativa, que ahora pasa a sanción presidencial, establece la capacitación obligatoria para servidores públicos en enfoque de género.
Senado aprueba en último debate la Ley Jineth Bedoya

Senado aprueba en último debate la Ley Jineth Bedoya El Senado colombiano convirtió la Ley Jineth Bedoya en un hecho político: para unos, es un salvavidas contra la violencia de género; para otros, una concesión tardía a una deuda histórica del Estado con las mujeres.

Mientras el bloque institucional celebra un avance “técnico” y de procedimiento, subrayando que la plenaria aprobó una norma que fija “protocolos claros y obligatorios” para atender las denuncias de violencia de género, las organizaciones de mujeres la leen como un mínimo indispensable frente a décadas de revictimización y negligencia. El gobierno y el Senado resaltan que la ley queda lista para sanción presidencial tras superar su último debate, con 52 votos a favor y uno en contra y sin necesidad de conciliación, mostrando la foto de la institucionalidad que cumple –al fin– con las órdenes de la Corte IDH.

Desde la orilla de las víctimas, el contraste es más crudo. La iniciativa nace precisamente porque “muchas mujeres víctimas de violencia enfrentan nuevas formas de afectación durante sus procesos de denuncia y acceso a la justicia”, un diagnóstico que exhibe el fracaso previo del sistema. Para la Defensoría del Pueblo, el programa obligatorio de capacitación en violencias contra las mujeres y enfoque de género es una pieza clave para corregir esa falla estructural.

También hubo choque ideológico dentro del Congreso: la única voz en contra alegó una supuesta “promoción de la ideología de género”, tesis que Jineth Bedoya desmontó al insistir en que se trata de “una norma para salvar a las niñas y a las mujeres, no para la ideología de género”.

En el balance, el Estado se presenta como cumplidor, las instituciones como enmendadoras y las víctimas como el motor incómodo que obligó a mover la máquina. La verdadera prueba política de esta ley no será el voto del Senado, sino la conducta diaria de cada funcionario que hoy está obligado a cambiar.

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