Noboa declara "conflicto armado interno" en Ecuador y autoriza ingreso de tropas extranjeras
Noboa declara “conflicto armado interno” en Ecuador y autoriza ingreso de tropas extranjeras Daniel Noboa ha convertido la “guerra” contra el crimen en un conflicto armado interno formal: tropas extranjeras con inmunidad, 13.000 militares en las calles y un país que se pregunta si gana seguridad… o cede soberanía.
Gobierno: guerra total y apoyo extranjero
Desde la orilla oficial, el decreto es la culminación de la ofensiva de mano dura. Noboa autoriza el ingreso de militares de países aliados para operar junto al “bloque de seguridad” ecuatoriano, con inmunidad “conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales suscritos por Ecuador”. La consigna del presidente es clara: “desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo”.
En paralelo, el Ejecutivo refuerza la militarización interna: 13.000 soldados se reubican hacia Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, las provincias más violentas y clave en las rutas de la droga. El general Mauro Bedoya lo resume en dos objetivos: “disminuir principalmente las muertes violentas” y “dar esa percepción de seguridad a nuestra población”.
Críticos: soberanía, abusos e impunidad
La otra cara del decreto alarma a opositores y defensores de derechos humanos. El nuevo “conflicto armado interno” abre la puerta a más cooperación militar externa y a la inmunidad de tropas foráneas que participen en operaciones contra bandas criminales. Organismos de derechos humanos ya han denunciado “abusos de fuerza y desapariciones atribuidas a la fuerza pública” en el contexto de la militarización previa.
Además, Noboa se reserva la facultad de conceder indultos, rebajar o conmutar penas al personal militar, policial y a civiles que intervengan en estas operaciones, consolidando un escudo jurídico para quienes “actúen en defensa del Estado”.
Coincidencias y choque de modelos
Todos coinciden en el diagnóstico: Ecuador es hoy uno de los países más violentos de la región, con una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes y rutas de cocaína que atraviesan su territorio. La ruptura está en la receta: para el gobierno, más tropas (propias y extranjeras) y más poder excepcional; para sus críticos, se consolida un laboratorio de seguridad donde el costo puede ser la erosión profunda de derechos y soberanía.
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