Procuraduría investiga a exministro Iván Velásquez por presuntos nexos con el Clan del Golfo
Procuraduría investiga a exministro Iván Velásquez por presuntos nexos con el Clan del Golfo La “paz total” de Gustavo Petro entró en zona gris: la línea entre negociación política y presunto favorecimiento criminal quedó en manos de la Procuraduría. En el centro del huracán, el exministro de Defensa Iván Velásquez y el excomisionado de Paz Danilo Rueda.
Qué investiga la Procuraduría
Desde la orilla crítica al Gobierno se subraya el carácter explosivo del caso: la indagación se abre por un supuesto paquete de beneficios al Clan del Golfo —“depuración” en la Fuerza Pública, freno a extradiciones y alivios operacionales— en el marco de la “paz total”. El propio auto disciplinario habla de audios que “evidenciarían presuntos ofrecimientos” al Clan durante las primeras semanas del gobierno Petro, incluyendo detener operaciones militares, restringir bombardeos y revisar la política de extradición de cabecillas.
La decisión no solo toca a Velásquez y Rueda: también cobija al exdirector de la DNI, Jorge Lemus, y al exjefe de contrainteligencia Ricardo Rosanía, todos mencionados en las grabaciones reveladas por Noticias Caracol. Para la oposición, el enunciado mismo del caso lo dice todo: “Procuraduría investiga a Iván Velásquez y Danilo Rueda por presunto favorecimiento al Clan del Golfo y ‘depuración’ en las Fuerzas Militares”.
La lectura cercana al Gobierno
Los medios más alineados con la Casa de Nariño ponen el énfasis en el carácter preliminar y en el contexto: se trata de una “indagación preliminar contra cuatro exfuncionarios del Gobierno nacional por los acercamientos que sostuvieron con el Clan del Golfo en el marco de las denominadas mesas de diálogo”. Aquí el foco no es la “traición” a la Fuerza Pública, sino la lógica de diálogos con actores armados que ya existían bajo el paraguas de la paz total.
¿Negociación legítima o exceso imperdonable?
Mientras la oposición habla de un entramado de favores a una estructura narcoparamilitar, la defensa política del Gobierno insiste en que todo ocurrió dentro de un proceso formal de diálogo. La Procuraduría, por ahora, solo ha dicho una cosa clara: hay suficientes dudas como para abrir el expediente.
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