Gobierno de Venezuela crea comisión para inspeccionar viviendas y extiende suspensión de clases

Gobierno de Venezuela crea comisión para inspeccionar viviendas y extiende suspensión de clases El gobierno venezolano responde a los devastadores terremotos con una mezcla de control centralizado y promesas de reconstrucción acelerada. Entre tanto, millones de familias siguen sin saber si sus viviendas son seguras y con una semana más sin clases como telón de fondo.

La versión oficial: gestión técnica y mano firme

Desde el poder, el mensaje es de mando unificado y capacidad de respuesta. Delcy Rodríguez anunció la suspensión de actividades escolares por otra semana en todo el país, subrayando la magnitud de la emergencia nacional: «Hemos tomado la decisión de suspender las clases durante una semana más durante esta semana no habrá clases en todo el territorio nacional».

El eje de la estrategia es una nueva comisión presidencial que inspeccionará viviendas e infraestructuras con un sistema de “semáforo” (verde, amarillo y rojo) para decidir si las estructuras pueden seguir habitadas. Según la propia Rodríguez, «hemos creado un semáforo para definir la habitabilidad del inmueble, de la vivienda, con los colores verde, amarillo y rojo para decidir […] si se puede decidir en las próximas horas si la vivienda está alta para que sigamos ocupando».

Otra nota clave: la concentración del mando político. La comisión que atenderá a los damnificados y planificará nuevos proyectos de vivienda en “un lapso muy corto” será presidida por Jorge Rodríguez e integrada por varios ministerios y autoridades regionales.

Lo que se resalta y lo que se omite

El relato oficial insiste en cifras de recuperación —75 % del servicio eléctrico y 68 % del agua en La Guaira, además de un 90 % de la vialidad restituida— y en que «la comisión presidencial está ya trabajando para verificar las condiciones de habitabilidad, si las personas pueden ya regresar a sus hogares».

Sin embargo, ni la narrativa gubernamental ni las medidas anunciadas responden de lleno a tres preguntas que ya se sienten en la calle: ¿quién fiscaliza a la comisión? ¿qué pasa con quienes queden marcados en “rojo” sin alternativa inmediata? ¿y cuánto costará, en aprendizaje y en desigualdad, otra semana de escuelas cerradas en todo el país?

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