Opositor nicaragüense Reinaldo Picado denuncia intento de asesinato en Costa Rica

Opositor nicaragüense Reinaldo Picado denuncia intento de asesinato en Costa Rica Un exiliado que acusa al régimen de buscarlo hasta fuera de sus fronteras y un país de acogida que, según él, no reacciona con la urgencia debida: el caso de Reinaldo Picado condensa la tensión entre persecución transnacional y protección internacional.

El relato del opositor: atentado político, no delito común

Desde el exilio en Costa Rica, el campesino opositor Reinaldo Picado Miranda asegura haber sobrevivido a un intento de asesinato cuando se dirigía a una reunión con integrantes de la Resistencia Nicaragüense. Según su testimonio, un hombre bajó de un vehículo azul, lo persiguió armado y le apuntó “directamente a la cabeza” antes de que él lograra forcejear y evitar el disparo porque el arma se encasquilló.

Picado enmarca el ataque como parte de una “actividad muy importante” para reorganizar a la resistencia en el exilio, que habría sido infiltrada: “seguramente la información llegó hasta nuestros enemigos”. El opositor, ya criminalizado en Nicaragua y objeto de una solicitud de extradición que él califica de represalia por su activismo, insiste en que no se trata de un hecho aislado, sino de persecución política directa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Exiliados vs. Estado receptor: seguridad bajo presión

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses exige a Costa Rica una investigación “exhaustiva” y advierte que el atentado contra Picado se suma a una serie de ataques contra opositores, algunos mortales como el asesinato del exmilitar Roberto Samcam. Organizaciones de derechos humanos ya habían alertado que Costa Rica dejó de ser un refugio completamente seguro para la disidencia nicaragüense.

Mientras Picado cuestiona la lentitud de la respuesta del Organismo de Investigación Judicial tras su denuncia formal, el mensaje de fondo es incómodo para San José: si el ataque fue político, la frontera ya no detiene la represión de Managua; si fue “delito común”, el refugio tampoco garantiza protección efectiva.

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