ONG Provea exige transparencia en cifras de víctimas del terremoto en Venezuela
ONG Provea exige transparencia en cifras de víctimas del terremoto en Venezuela El terremoto sacudió el suelo venezolano y, de rebote, el relato oficial. Mientras el gobierno intenta proyectar control con balances diarios, Provea presiona para que se abran las cifras como si fueran libros de contabilidad en auditoría permanente.
Gobierno: control del mensaje y cifras en goteo
El discurso oficial insiste en actualizar el “balance de muertos y heridos” tras los sismos, pero lo hace con números que, más que aclarar, “crean más dudas que certezas”. Un ejemplo: el presidente de la Asamblea Nacional informó 1.450 fallecidos y 2.150 heridos, apenas 30 muertos más que el día anterior, sin explicación pública detallada del cambio.
La estrategia recuerda a la gestión comunicacional de la pandemia: partes diarios, rostros conocidos del chavismo y un flujo de datos que no termina de ser convincente para la sociedad civil.
Provea: del “deja vu” del coronavirus a la exigencia de auditoría
Frente a ese cuadro, Provea “cuestionó las cifras oficiales de fallecidos por los terremotos y pidió mayor transparencia”. La ONG denuncia un “deja vu del reporte coronavirus” en la forma en que el gobierno reporta muertos y heridos, y exige “cero opacidad en la respuesta a esta tragedia nacional”.
Su director, Oscar Murillo, sostiene que es misión de las organizaciones exigir transparencia tanto sobre “el impacto de la tragedia” como sobre “el escrutinio de los recursos que se destinan para paliar la crisis”, advirtiendo que si se repite el patrón informativo del coronavirus, “habrá que elevar la voz”.
Afuera: ayuda humanitaria y diplomacia incómoda
Mientras en Venezuela se pelean por las cifras, desde fuera se mueven fichas. Chile explora reactivar canales consulares con Caracas, en un contexto donde la ayuda humanitaria abre una ventana de contacto tras años de relaciones congeladas. Al mismo tiempo, “organizaciones nacionales e internacionales” cuestionan las “inconsistencias en los informes oficiales de víctimas” y reclaman “mayor transparencia y acceso a verificación independiente”.
Entre la narrativa de control del gobierno y la exigencia de datos auditables de Provea, el verdadero saldo de la tragedia sigue atrapado en una falla menos visible, pero igual de peligrosa: la de la confianza pública.
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