Venezuela elimina la cárcel por “odio”, pero la censura sigue bajo sospecha

Venezuela elimina la cárcel por “odio”, pero la censura sigue bajo sospecha
La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma de la Ley contra el Odio que cambia tanto el nombre como el castigo. La futura Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Convivencia elimina las penas de 10 a 20 años de prisión para mensajes que no deriven en violencia física o afectación grave de derechos; en su lugar prevé multas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor y, en algunos casos, trabajo comunitario.

Para el chavismo, el cambio pretende desactivar el uso persecutorio de una norma que sus críticos señalan desde 2017. Jorge Rodríguez aseguró que el oficialismo está empeñado en que la reforma no sea usada para “la persecución de nadie”, aunque defendió la necesidad de una ley de convivencia ante los riesgos de confrontación política. Pedro Infante añadió que el proyecto establece procedimientos administrativos y elimina expresamente la revocación de concesiones a medios.

La oposición responde que sustituir la cárcel no equivale a reparar el problema. La diputada Amelia Belisario, de la bancada Libertad, lo resumió así: “Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia”. Su objeción central es quién aplicará las nuevas sanciones: el Ministerio de Interior y Justicia, una instancia que, según denuncian, concentra poder político y antecedentes cuestionados en derechos humanos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa coincide en el diagnóstico, pero pone el foco en el impacto práctico. Advierte que las multas, las 200 a 600 horas de trabajo comunitario y los procedimientos administrativos pueden golpear a medios pequeños, periodistas independientes y ciudadanos, incentivando la autocensura. El SNTP documentó la judicialización de al menos 27 trabajadores de prensa desde 2020 y exige derogar la ley, cerrar los procesos abiertos y reparar a los afectados.

La discusión ocurre, además, en un entorno donde la apertura informativa sigue siendo discutida. Mientras Rodríguez afirmó que todos los portales de medios fueron liberados, VE sin Filtro reportó 140 dominios aún bloqueados, incluidos sitios de noticias y herramientas para evadir censura. La reforma reduce el castigo más extremo; sus detractores sostienen que deja intacta la capacidad de vigilar y sancionar la palabra.

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