La ley de sometimiento llega a sanción entre promesas de dureza y beneficios penales

La ley de sometimiento llega a sanción entre promesas de dureza y beneficios penales
El Congreso aprobó, contra el reloj, la ley de sometimiento a la justicia impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. La Cámara replicó el texto avalado por el Senado —57 votos contra 24— y evitó así una conciliación que podía poner en riesgo el trámite antes del vencimiento de la ley de orden público.

Para el Ejecutivo, la norma marca una ruptura con la llamada paz total: no habrá mesas de negociación ni reconocimiento político para las estructuras ilegales, sino una oferta unilateral condicionada al desarme, la entrega de bienes, información sobre desaparecidos, finanzas y minas antipersona. El ministro de Justicia, Iván Cancino, insiste en que el esquema conserva la coerción estatal: “no hay suspensión de órdenes de captura”, ni de extradición.

La apuesta oficial combina castigo y estímulo. Los miembros de base podrán aspirar a rebajas de hasta el 50% de sus penas y los cabecillas hasta del 30%, pero deberán cumplir condiciones verificables. La libertad condicional tendrá un umbral de seis años y quienes incumplan saldrán del proceso para volver a la justicia ordinaria. “Si no cumplen, sencillamente no hay posibilidad de ninguna rebaja”, sostuvo Cancino.

El texto aprobado también endurece límites que buscan responder a la crítica recurrente sobre una eventual puerta a la impunidad: quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores no podrán recibir tratamiento penal diferenciado, y las penas para roles de mando no podrán bajar de diez años.

La coincidencia entre Gobierno y congresistas favorables está en la necesidad de un nuevo marco de seguridad. La diferencia está en el énfasis: el Ejecutivo vende una herramienta para desmontar organizaciones criminales; desde el Legislativo se subraya que el sometimiento solo será defendible si las víctimas reciben los bienes incautados y los beneficios no se convierten en indulgencia automática. Con la aprobación, la disputa pasa ahora a la sanción presidencial y, sobre todo, a la ejecución de esas condiciones.

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