ONG y políticos cuestionan la investigación del Ministerio Público sobre la muerte de Víctor Quero El caso de Víctor Hugo Quero se ha convertido en una disputa frontal sobre qué significa realmente “investigar” una muerte bajo custodia del Estado. Mientras el Ministerio Público dio por zanjadas las dudas con un parte forense, ONG y dirigentes opositores hablan de intento de carpetazo y de una desaparición forzada que el poder intenta enterrar junto con el cuerpo.

Lo que sí dice la Fiscalía

Según el comunicado oficial, las experticias tras la exhumación concluyeron que Quero murió por un tromboembolismo pulmonar, sin lesiones traumáticas, y que los restos fueron identificados con una probabilidad de 99,496 %. Para la Fiscalía, causa biológica aclarada, caso encaminado.

Lo que la oposición y las ONG dicen que falta

Aquí empieza el choque. Rafael Uzcátegui, de Laboratorio de Paz, habla de “nueve omisiones” clave en el comunicado, desde la desaparición previa hasta la falta de explicación sobre por qué fue enterrado sin que la familia lo supiera, y acusa al texto de “confundir causa de muerte con explicación de la muerte”.

Justicia, Encuentro y Perdón va más lejos: califica de “alarmante” que se presente “un comunicado de pocos párrafos como el resultado definitivo de una investigación real” y denuncia un “intento de carpetazo” redactado “para blindar la opacidad estatal”.

La dirigente opositora Delsa Solórzano coincide en que el comunicado “deja más preguntas que respuestas” y exige que se aclare “¿por qué no se refieren a la desaparición forzada?” y qué ocurrió durante los meses en que Quero estuvo desaparecido.

Provea, por su parte, recuerda que “las muertes que ocurren bajo custodia estatal son responsabilidad exclusiva del Estado” y subraya que ocultar detención, condiciones de reclusión y fallecimiento configura desaparición forzada, con posibles responsabilidades civiles, administrativas y penales para los funcionarios.

Coincidencias y choques

La Fiscalía y las ONG coinciden en un punto mínimo: hubo una muerte por causa médica. El abismo está en todo lo demás: mientras el Ministerio Público trata el tromboembolismo como punto final, las organizaciones y la oposición lo ven apenas como punto de partida para investigar 16 meses de silencio institucional, posible negligencia médica, encubrimiento y desaparición forzada.

En el centro de la pugna no solo está el nombre de Víctor Hugo Quero, sino la pregunta incómoda que ninguna autopsia resuelve: ¿quién responde políticamente por una vida que se apaga tras las rejas del Estado?