ONG denuncian que se cumplen 9 años sin trasplantes de donante cadáver en Venezuela
ONG denuncian que se cumplen 9 años sin trasplantes de donante cadáver en Venezuela La salud pública venezolana cumple nueve años en coma inducido: desde 2017 no se realizan trasplantes de donante cadáver, mientras el gobierno mantiene silencio y las ONG denuncian una emergencia que ya se mide en ataúdes infantiles.
ONG vs. Estado ausente
Del lado de las organizaciones, el diagnóstico es brutal. La suspensión del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) convirtió en letal lo que debía ser una “pausa temporal”. ONTV y Prepara Familia hablan de “nueve años en los que la palabra temporal perdió todo su sentido, transformándose en una espera eterna que apaga las esperanzas”.
La prensa crítica resume el saldo como “una deuda que le ha costado la vida de cientos de niños”, especialmente de familias pobres. En paralelo, la población en diálisis se multiplica: 7.000 personas dependen de estas máquinas y 40 % tendría perfil para trasplante, pero el programa sigue paralizado.
Coincidencias: la infancia primero, el sistema completo
Todas las ONG convergen en dos puntos: priorizar a los niños y reconstruir el sistema antes de reactivar quirófanos. Prepara Familia insiste en que “mejorar las unidades de diálisis, con máquinas funcionando, personal especializado y bien pagado, es un paso urgente”, y reclama hospitales con agua, electricidad, ascensores y laboratorios operativos antes de hablar de trasplantes masivos.
Piden además que el tema entre de lleno en la agenda de “reinstitucionalización del país” y en la recuperación del sistema público de salud. El lema se ha vuelto consigna: “Reactiven los trasplantes ya”.
Contraste: país sin respuesta
Mientras solo se realizan trasplantes de donante vivo de forma limitada en adultos y la población pediátrica se deteriora en la espera, las organizaciones recuerdan que “el resultado de todo esto es la muerte”.
De un lado, un coro unido de ONG, médicos y familias exige un sistema digno; del otro, un Estado que, nueve años después, sigue sin explicar por qué la vida de cientos de niños se quedó fuera de la lista de prioridades.
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