AN avanza en la discusión del Proyecto de Ley del Café La Asamblea Nacional venezolana se vende esta semana como barista legislativo: promete una “ley del café” para saldar deudas históricas con los productores, mientras sigue pendiente la prueba final, la de la realidad en el campo.

El relato oficial: deuda saldada y café estrella

Desde la presidencia del Parlamento, Jorge Rodríguez presenta el Proyecto de Ley del Café como un giro de página histórico. El instrumento, dice, viene a “saldar una deuda histórica” con los caficultores y a brindar protección al sector. En su discurso, Venezuela no solo se pone al día, sino que se compara y se declara por encima de sus vecinos: mientras Colombia tiene “11 leyes que tratan el tema del café”, esta sería la primera venezolana, en un país cuyo café —afirma— es “muchísimo mejor que el de Colombia”.

En la misma línea, otra nota oficial subraya que ya se aprobaron los primeros cinco artículos en segunda discusión, con el objetivo de impulsar producción, industrialización, exportación y consumo sostenible del rubro. El mensaje: la AN está cumpliendo y el sector cafetalero, al menos sobre el papel, entra en zona prioritaria.

Técnica, consenso… y mucha consulta

El diputado Wilmar Castro Soteldo eleva el tono técnico: habla de 37 artículos, disposiciones transitorias y “la importancia trascendental, fundamental y estratégica” del café, que además protege cuencas y microcuencas. Destaca incentivos, eliminación de trabas burocráticas y facilidades para mover el producto desde la cereza hasta el tostado y molido, tanto en el mercado interno como en el internacional.

En otro frente, se insiste en que la ley “beneficia a los caficultores” y cuenta con “el apoyo de todos los sectores representados en el Parlamento”, tras unas 400 consultas con productores y actores vinculados. El oficialismo presenta así un doble blindaje: técnico y político.

Exportación y excedentes vs. dudas sobre el campo

En términos económicos, el gobierno vende una ecuación optimista: Venezuela sería autosuficiente en café para consumo interno y generaría un excedente superior a tres millones de quintales para exportación. La ley se plantea como llave para convertir ese excedente en divisas, “promoviendo e incentivando exportaciones”.

El contraste, sin embargo, está fuera del guion oficial. Mientras el discurso parlamentario habla de consenso, incentivos y legado histórico-cultural, el gran ausente en esta narrativa es la voz crítica: no hay registros aquí de reclamos por financiamiento insuficiente, problemas de insumos o precariedad de infraestructura. El gobierno asegura que “esta ley es defendida por los presentes y por los que no están”, pero, de momento, solo se escucha una sola voz.

Lo que sí es claro es la apuesta política: hacer del café un símbolo de recuperación productiva y de identidad nacional. Falta por ver si esta ley será espresso fuerte para los caficultores o solo espuma legislativa.