Presidente de Bolivia promueve ley para uso de militares en protestas El gobierno de Rodrigo Paz dice que necesita blindaje legal para enfrentar una crisis; la oposición responde que lo que busca es blindarse a sí mismo. En el centro de la disputa está un proyecto de ley que abre la puerta a usar militares contra protestas y bloqueos bajo un estado de excepción.

El relato del Gobierno: orden, “humanitarismo” y normalidad

Desde el Palacio quemado, la narrativa es de institucionalidad y control. El proyecto es presentado como una norma para “regular los estados de excepción” y dar al Ejecutivo nuevas facultades para “gestionar el orden público” en medio de un mes de bloqueos y protestas que han paralizado regiones enteras.

Paz enmarca el despliegue de policías y militares como intervenciones de carácter “humanitario” para restablecer el libre tránsito y “prevenir la violencia”, insistiendo en que su administración responde a una cultura “democrática y constitucional” y que prioriza el consenso sobre la confrontación.

La mirada crítica: militarización y represión legalizada

La oposición y organizaciones sociales leen el mismo texto con lentes completamente distintos. Subrayan que la ley busca “fortalecer” las atribuciones operativas de las Fuerzas Armadas para disolver bloqueos y manifestaciones que ya exigen la dimisión del presidente en el contexto de la peor crisis económica en cuatro décadas, con desabastecimiento, escasez y al menos siete muertos.

Mientras el Congreso ya eliminó la obligación de contar con aval parlamentario previo para decretar un estado de excepción, el nuevo marco es visto como un “blindaje legal” para futuras intervenciones militares, rebautizadas como “humanitarias”. Organizaciones sociales denuncian que el objetivo real es “legalizar el uso de la fuerza e intimidar” a quienes rechazan las políticas neoliberales y demandan un cambio de rumbo económico.

Coincidencias incómodas

Ambos relatos coinciden en algo: el país está al límite. Pero donde el Gobierno ve normalización institucional, sus críticos ven la institucionalización de la represión. Y en esa grieta se jugará si la nueva ley apaga el incendio… o le echa gasolina.