Protestan por traslados de presos de El Helicoide y denuncian falta de información Las celdas de El Helicoide se vacían, pero afuera nadie celebra: mientras el gobierno vende silencio, las familias leen cada traslado como una nueva amenaza, no como un avance.

¿Cierre o simple mudanza de la represión?

Para el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), el relato oficial implícito —“se vació El Helicoide, caso cerrado”— es una estafa semántica. “Vaciar celdas no es cerrar un centro de tortura. Trasladar presos no desmonta una política de represión”, advierte la organización, que insiste en que el recinto no puede considerarse clausurado mientras siga atado a cuerpos de inteligencia y sin plan público de desmantelamiento.

ONG y medios coinciden en el mismo punto ciego: “Hasta este momento no existe una lista oficial, un pronunciamiento público ni información verificable del Estado sobre los nombres y destinos de las personas trasladadas desde El Helicoide”. Esa opacidad, recalcan, convierte a los detenidos en “objetos que se mueven de un lugar a otro sin explicación, sin notificación y sin control legal”.

Calle vs. narrativa oficial ausente

En Tocuyito, defensores de derechos humanos y dirigentes opositores protestan exigiendo un listado claro de los presos políticos trasladados. Relatores y activistas denuncian que las familias “no saben dónde están sus hijos, sus hermanos” y que solo manejan versiones fragmentadas sobre quién fue llevado a la zona “Hombre Nuevo” y quién al llamado “Penal Viejo”.

Mientras el Estado calla, la oposición eleva el volumen. Juan Pablo Guanipa sostiene que El Helicoide se vació “por la presión de Estados Unidos, y por la presión y la lucha de los familiares de los presos políticos”, pero “no para liberar a los presos…, sino para llevarlos a otros centros de reclusión”. En redes, dirigentes y ONG remarcan que los traslados “deberían ser a su casa, no a otros centros de reclusión” y que “no podemos permitir que nuestros presos políticos cambien de centro de tortura. Ellos deben ser liberados”.

El contraste es brutal: de un lado, una maquinaria estatal que responde con opacidad; del otro, familias que recorren cárceles preguntando por el paradero de sus seres queridos y una oposición que advierte que, sin verdad y justicia, lo que se está moviendo no son reclusos, sino el mapa de la impunidad.