Asamblea Nacional publica lista de postulados a magistrados del TSJ La renovación parcial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) arranca con una misma foto y dos relatos opuestos: para el oficialismo es un proceso “constitucional y participativo”; para la oposición, otro capítulo de control político sobre la justicia.

Un mismo hecho, dos narrativas

Los medios críticos al gobierno subrayan que la movida ocurre en una “AN chavista” que publica la lista y abre el lapso de impugnaciones, marcando desde el titular el sesgo de origen institucional del proceso. Otros destacan el volumen y la relevancia de los aspirantes: 561 nombres para magistrados del TSJ, 63 para la Inspectoría y 33 para la Escuela Nacional de la Magistratura, con figuras que buscan reelección como Luis Emilio Rondón. La lectura implícita: mucho movimiento, pero dentro de un tablero ya controlado.

Medios de línea opositora insisten además en el contexto: esta lista forma parte de una renovación parcial que dependerá, al final, de la misma Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, tras un filtro del Comité de Postulaciones que evaluará expedientes, hará entrevistas públicas y armará la nómina definitiva.

La versión oficial: legalidad y participación

Desde la orilla oficialista, el énfasis es otro. Se recalca que el Comité actúa “en cumplimiento del artículo 264 de la Constitución y de la Ley Orgánica del TSJ”, presentando la lista de candidatas y candidatos a magistrados, inspectoría y Escuela de la Magistratura. El discurso repite palabras clave: participación ciudadana, impugnaciones con “prueba fehaciente” y un procedimiento que sigue el “mecanismo constitucional” para elegir al máximo tribunal.

Mientras la oposición ve un ritual de legitimación de un TSJ ya cooptado, el oficialismo vende un proceso ejemplar, masivo y abierto. Coinciden en los datos —fechas, números de aspirantes, lapso de impugnaciones hasta el 3 de julio de 2026—, pero discrepan en lo esencial: si esto es justicia que se renueva o poder que se recicla.