OVP denuncia muerte de recluso por falta de atención médica en Táchira Un preso más muere en custodia del Estado venezolano y el ruido no viene del Ministerio de Servicios Penitenciarios, sino de las ONG. Entre abril y junio ya van 27 fallecidos en cárceles del país. El Gobierno calla; el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) habla… y acusa.

OVP vs. silencio oficial

Desde la acera crítica, los medios independientes coinciden: Yonny José Bastidas Briceño murió en el Centro Penitenciario de Occidente I, en Santa Ana (Táchira), por una peritonitis aguda y otras complicaciones de salud sin atención especializada. El OVP sostiene que no es un caso aislado, sino la confirmación de un patrón en el que la falta de atención médica integral es la regla, no la excepción.

Las cifras que manejan son demoledoras: 27 muertos en centros penitenciarios solo entre abril y junio de 2026 y un dato estructural que pinta el fondo del cuadro: 95 % de las muertes de reclusos en 2025 se debieron a falta de atención médica, según su informe anual.

Hacinamiento vs. responsabilidad estatal

Otro punto de choque: mientras el Gobierno no ofrece balances públicos, el OVP detalla que el penal tachirense opera con más de 1.400 reclusos y un hacinamiento superior al 165 %. Para la organización, no se trata solo de mala gestión, sino de violación directa de deberes: recuerda que las personas privadas de libertad dependen totalmente del Estado para alimentación, salud y condiciones dignas de vida, y que cuando alguien muere bajo su custodia por desnutrición o falta de atención médica, se vulneran esos deberes de protección.

De “caso” a sistema

La prensa crítica da un paso más y califica al Estado venezolano como “una máquina de fabricar muertos en las cárceles”, al enlazar el caso Bastidas con otros tres fallecimientos en junio y la misma constante: desatención médica en recintos colapsados. De un lado, números, diagnósticos y señalamientos; del otro, un silencio oficial que, por ahora, dice tanto como las denuncias.