Impiden cobertura periodística de ayuda humanitaria en hospital de Caracas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que el personal de seguridad del Hospital de Niños J. M. de los Ríos impidió al periodista Reinaldo Mozo, de Efecto Cocuyo, cubrir la llegada de donaciones para los afectados por los terremotos. El sindicato calificó el hecho como una violación al derecho a la información.
Impiden cobertura periodística de ayuda humanitaria en hospital de Caracas

Impiden cobertura periodística de ayuda humanitaria en hospital de Caracas La ayuda humanitaria llegó al Hospital de Niños J. M. de los Ríos en Caracas, pero las cámaras no. En plena emergencia tras los terremotos, la escena no se discutió en clave médica ni logística, sino en clave de control: quién puede mirar y quién no.

Lo que denuncia la prensa

Desde la acera de enfrente, el relato es claro: al reportero Reinaldo Mozo, de Efecto Cocuyo, le bloquearon el lente cuando registraba la llegada de donaciones de voluntarios.

Según reseña La Patilla, se trató de una “impiden cobertura periodística de la entrega de ayuda humanitaria en el Hospital J.M. de los Ríos en Caracas”. El parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) describe que Mozo estaba afuera del hospital grabando con su celular cuando “un vigilante de la institución médica se le acercó, le tapó la cámara del dispositivo con la mano y lo obligó a interrumpir la grabación”.

El Nacional subraya el contexto: el periodista cubría “la ayuda humanitaria que se recolectó y destinada a afectadas por los terremotos”. Para el SNTP, el punto no es solo el incidente puntual, sino el precedente: recordaron que “el trabajo periodístico en espacios públicos no requiere autorización previa” y que “impedir la cobertura viola el derecho a la información”.

Seguridad vs. derecho a saber

Mientras la versión sindical y de medios críticos enmarca el hecho como un acto de censura y un eslabón más en la cadena de trabas a la prensa, la actuación del personal de seguridad se presenta —desde la práctica institucional— como una extensión del control interno sobre espacios hospitalarios.

La tensión es evidente: de un lado, la narrativa de transparencia y derecho ciudadano a ver cómo se maneja la ayuda en un hospital público; del otro, la lógica del cerco, donde incluso un pasillo exterior se administra como zona vedada.

En un país golpeado por sismos y por desconfianza crónica, impedir que se registre la entrega de donaciones no solo apaga una cámara: alimenta la sospecha de que, una vez más, la opacidad manda.

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