Reforma contra el odio: el chavismo promete convivencia y la oposición denuncia una nueva arquitectura del miedo
Reforma contra el odio: el chavismo promete convivencia y la oposición denuncia una nueva arquitectura del miedo
La Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio. El proyecto elimina las penas de prisión —que podían alcanzar entre 10 y 20 años— y las sustituye por multas, trabajo comunitario y procedimientos administrativos, además de retirar la posibilidad de revocar concesiones a medios.
Para el oficialismo, el cambio busca corregir los excesos de una norma aprobada en 2017 y convertirla en un instrumento de reencuentro nacional. Jorge Rodríguez resumió esa posición al afirmar: “No podemos derogar el odio, es verdad, pero podemos juntos y juntas construir una ley de convivencia”. El Gobierno también promete una consulta pública antes de la segunda discusión y asegura que la ley no será utilizada para perseguir a nadie.
La oposición, en cambio, considera que se trata de un maquillaje. Amelia Belisario, de la fracción Libertad, exigió la derogación completa y advirtió que “no es suficiente plantear el cambio de cárcel por multa”: a su juicio, las definiciones ambiguas y la discrecionalidad del Ministerio de Interior mantienen “la arquitectura del miedo”.
El punto de choque está precisamente en quién aplicará las nuevas sanciones. Aunque desaparece la cárcel, el proyecto conserva multas de entre 500 y 10.000 veces la tasa cambiaria más alta del Banco Central de Venezuela. Para sus críticos, ese margen puede seguir funcionando como censura; para el chavismo, representa una respuesta administrativa frente a mensajes que alimenten violencia política.
La disputa ocurre sobre una ley que, según Foro Penal, ha llevado a la judicialización de 927 personas desde 2017. Incluso sectores opositores más moderados pidieron que se distinga con claridad entre expresar una opinión y promover el odio. La reforma avanza, pero la pregunta central permanece: ¿reduce la capacidad represiva del Estado o simplemente cambia su mecanismo?
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