La renovación del TSJ enfrenta una prueba clave: transparencia real o reparto político

La renovación del TSJ enfrenta una prueba clave: transparencia real o reparto político
La renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) llega con una exigencia compartida desde la oposición: que la selección de magistrados abandone las decisiones opacas y permita revisar cada paso del proceso.

Súmate coloca el acento en las garantías institucionales. La organización pide que el Comité de Postulaciones Judiciales publique sus reglas, cronograma, listas de candidatos, expedientes, impugnaciones, calificaciones y decisiones motivadas. También reclama que el procedimiento sea “a puertas abiertas, con transparencia plena, participación ciudadana y se permita el escrutinio público”.

Para la ONG, el nuevo TSJ no es un asunto aislado: su renovación debería allanar el camino para reformar después el Consejo Nacional Electoral (CNE) y recuperar condiciones para elecciones libres. La clave, sostiene, es que los magistrados tengan reconocida honorabilidad, competencia, independencia e imparcialidad, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ.

Poder Ciudadano comparte el diagnóstico, pero endurece el señalamiento político. Su presidente, Ítalo Zapata, exige un baremo técnico común para todos los aspirantes, así como la publicación de actas de entrevistas, calificaciones e impugnaciones. El objetivo, afirma, es impedir que el máximo tribunal vuelva a definirse mediante pactos entre partidos.

“La selección de los miembros del TSJ no puede ser vista como un reparto de cuotas políticas”, advirtió Zapata, quien reclamó jueces probos y de sólida solvencia moral. La diferencia entre ambas posiciones está en el énfasis: Súmate detalla los mecanismos de control y publicidad; Poder Ciudadano alerta sobre el riesgo de una negociación política disfrazada de renovación institucional.

En ambos casos, la conclusión es la misma: sin trazabilidad, participación ciudadana y criterios verificables, el nuevo TSJ difícilmente podrá recuperar la confianza pública ni demostrar independencia frente al poder político.