Reforma contra el odio: el chavismo promete convivencia y la oposición ve el mismo mecanismo de persecución

Reforma contra el odio: el chavismo promete convivencia y la oposición ve el mismo mecanismo de persecución
La Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio. El proyecto elimina las penas de prisión, incorpora multas y trabajo comunitario, y pasará ahora por una consulta pública antes de volver al hemiciclo para su debate definitivo.

El oficialismo vende el cambio como una salida al endurecimiento de la norma aprobada en 2017. La reforma busca reorientarla hacia “la promoción del reencuentro nacional y la convivencia pacífica”, además de eliminar la revocación de concesiones a medios y establecer procedimientos administrativos para las sanciones. En la propuesta divulgada por el Parlamento, las multas podrían oscilar entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial.

La oposición, sin embargo, no ve una transformación de fondo. Amelia Belisario, diputada de la fracción Libertad, rechazó apoyar el proyecto porque, a su juicio, no elimina la estructura de control: “No es suficiente plantear el cambio de cárcel por multa; conserva su esencia atemorizante y coercitiva”. Otros diputados pidieron que el texto distinga con precisión entre expresar una opinión y promover el odio, y advirtieron contra multas aplicadas discrecionalmente.

Las organizaciones civiles van más lejos: reclaman la derogación completa. Veinticuatro ONG denunciaron que la reforma no libera a presos políticos ni cierra sus causas, y alertaron que conceptos como “hostigamiento” siguen siendo imprecisos. “Esta amplitud abre espacio a interpretaciones arbitrarias y permitiría castigar la crítica, el disenso o la difusión de información de interés público”, señalaron.

El pulso queda así planteado: para el Gobierno, quitar la cárcel demuestra que la ley puede convertirse en una herramienta de convivencia; para sus críticos, cambiar la sanción sin desmontar las definiciones ambiguas mantiene intacto el riesgo de persecución política.