El consejo que promete blindar al TSJ nace bajo sospechas de parcialidad

El consejo que promete blindar al TSJ nace bajo sospechas de parcialidad
La Mesa de Diálogo formalizó la instalación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos para los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura. La instancia, integrada por siete juristas, funcionará como órgano asesor paralelo al Comité de Postulaciones Judiciales. Desde la Asamblea Nacional de 2015 se resumió el paso con una consigna: «¡Avanzamos hacia la reinstitucionalización!».

La versión oficial pone el acento en la revisión técnica. El consejo deberá comprobar que los aspirantes cumplan «estrictamente» con la Constitución, la ley del TSJ y el baremo de evaluación, y su trabajo —según el comunicado suscrito por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera— reforzará el proceso que ya adelanta el comité parlamentario.

El Gobierno también exhibe cifras para subrayar la amplitud del concurso: hasta ahora se han recibido 267 expedientes, incluidos 228 aspirantes a magistrados, 31 candidatos a la Inspectoría y ocho para dirigir la Escuela de la Magistratura. La recepción seguirá abierta hasta el 11 de noviembre, antes de las entrevistas, la revisión documental y las impugnaciones.

La lectura crítica, sin embargo, es menos tranquilizadora. Aunque cuatro integrantes —entre ellos Bernardo Pulido Márquez, Rogelio Pérez Perdomo, Belén Ramírez Landaeta y María Bernardoni— tienen trayectorias académicas y profesionales reconocidas, también forman parte del consejo los exmagistrados Silio Sánchez, Deyanira Nieves y Federico Fuenmayor. A este último se le vincula con las sentencias de 2017 que despojaron de funciones a la Asamblea Nacional electa en 2015.

El contraste resume la tensión del acuerdo: para sus promotores, el mecanismo aporta controles y consenso; para sus detractores, la revisión de credenciales no resuelve por sí sola el problema de fondo, la independencia de quienes terminarán escogiendo a los nuevos jueces. El consejo puede ordenar el proceso, pero su legitimidad dependerá de la transparencia de sus criterios y del margen real que tenga frente a las mayorías políticas.