La reforma eléctrica avanza entre promesas de eficiencia y cifras que no cuadran

La reforma eléctrica avanza entre promesas de eficiencia y cifras que no cuadran
La Asamblea Nacional llevó hasta el artículo 95 la segunda discusión de la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. El avance fue presentado como un paso decisivo para ordenar el sistema, aunque las propias versiones oficiales dejan una duda central: no coinciden ni en el número de artículos aprobados ni en el total del proyecto.

La versión más ambiciosa sostiene que fueron aprobados 95 artículos de una iniciativa compuesta por 115, con los restantes diferidos para una próxima sesión. Ese relato pone el foco en los derechos y deberes de los usuarios, la eficiencia energética, el alumbrado público y la actualización anual de los costos del sector. En contraste, otros reportes oficiales indican que la plenaria sancionó 70 artículos y que el proyecto contiene 119 preceptos, aunque también ubican el debate en el artículo 95.

Más allá de la aritmética legislativa, el contenido aprobado apunta a una mayor disciplina regulatoria. Los usuarios deberán contratar formalmente el servicio, pagar el consumo, permitir inspecciones y proteger medidores e instalaciones. Los grandes consumidores, con demandas superiores a dos megavatios, tendrán que aplicar planes de uso racional de la energía, mientras que los municipios asumirán el pago del alumbrado público dentro de sus territorios.

La reforma también refuerza el papel del Estado. Corpoelec y sus filiales quedarían sujetas a las directrices del ministerio y de la Superintendencia, bajo criterios de “confiabilidad, continuidad, eficiencia, calidad, equidad, no discriminación” y sostenibilidad financiera. Las empresas privadas y mixtas, por su parte, necesitarían títulos habilitantes específicos para operar en generación, transmisión, distribución y comercialización.

El vicepresidente de la Asamblea, Pedro Infante, defendió el entendimiento parlamentario y aseguró: “Estamos creando una buena ley”. El debate pendiente deberá aclarar tanto los artículos restantes como la cifra definitiva de una reforma que promete transparencia, pero llega acompañada de mensajes oficiales contradictorios.