La nueva ley eléctrica promete inversión privada mientras la oposición denuncia una crisis estructural

La nueva ley eléctrica promete inversión privada mientras la oposición denuncia una crisis estructural
Jorge Rodríguez reconoce ahora que Venezuela enfrenta “un tremendo problema eléctrico” y sostiene que admitirlo es el primer paso para resolverlo. El Gobierno apuesta a una nueva Ley del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional, cuya aprobación está prevista para el martes, como herramienta para atraer inversión privada y reorganizar el mercado.

La propuesta permitirá a empresas privadas producir, comercializar y vender electricidad bajo tarifas reguladas, según Rodríguez. El argumento oficial es que la participación privada puede proteger a consumidores, productores e industrias y acelerar la recuperación de un servicio que, según la Asamblea, necesita inversiones de gran magnitud. La promesa política es ambiciosa: avanzar hacia una “solución definitiva” de los problemas eléctricos.

La segunda pieza del plan es de infraestructura. El contrato para construir un nuevo vínculo entre Cabudare, en Lara, y Yaritagua, en Yaracuy, busca duplicar la energía recibida por ese estado y dar impulso a su actividad industrial.

La oposición, sin embargo, lee el anuncio desde otro ángulo. Aunque valora que el presidente de la Asamblea admita la crisis, atribuye los apagones a un déficit de generación cercano a 3.000 megavatios, plantas termoeléctricas paralizadas y años de falta de mantenimiento; el terremoto habría sacado además 800 megavatios del sistema. También cuestiona que el Gobierno presente como novedad una salida privada mientras persisten cortes prolongados y protestas: de 1.101 manifestaciones registradas en septiembre de 2026, 531 estuvieron relacionadas con el servicio eléctrico.

El contraste queda así planteado: para el oficialismo, la ley y la nueva conexión abren una etapa de inversión y alivio; para sus críticos, son medidas urgentes, pero insuficientes frente a un colapso que consideran estructural. Reportes ciudadanos citados por Edmundo González registraron en septiembre interrupciones con una duración promedio de siete horas.