Registro y escuela para motorizados: la apuesta oficial choca con las dudas sobre su ejecución

Registro y escuela para motorizados: la apuesta oficial choca con las dudas sobre su ejecución
El Gobierno de Delcy Rodríguez convirtió al sector motorizado en objeto de una doble apuesta: formalización y formación. La presidenta ordenó crear un registro único nacional para identificar a los conductores y orientar las políticas públicas, con el argumento de que más del 65 % del gremio permanece fuera de la formalidad y, por tanto, sin seguridad social.

La segunda medida es una Escuela de Formación Integral para el Motorizado en la Universidad del Transporte. Rodríguez la planteó con estándares internacionales y como respuesta al aumento de accidentes, junto con kits de herramientas para impulsar emprendimientos juveniles y mejores servicios en los puestos habilitados. El ministro de Transporte, Francisco Garcés, amplió la lectura oficial: la motocicleta ya no es solo un vehículo, sino una “forma de vida principal” en las ciudades, una realidad que obliga a revisar infraestructura, normas y educación vial.

El contraste aparece en la evaluación opositora. Para esa perspectiva, el anuncio es más promesa que política pública: no define cuándo funcionará la escuela, cuánto durará la capacitación ni cómo se articulará el registro con las bases existentes. También cuestiona que una respuesta centrada en el aula pueda resolver por sí sola un problema asociado al alcohol, el incumplimiento de normas y la precariedad institucional.

La crítica se apoya en cifras del Observatorio de Seguridad Vial citadas por el medio opositor: 3.022 siniestros entre enero y septiembre de 2026, con 4.822 fallecidos o lesionados; en septiembre, las motos estuvieron involucradas en 338 de 386 accidentes registrados. Así, ambas posiciones coinciden en la urgencia de reducir muertes, pero divergen en el balance: el Gobierno ofrece organización y capacitación; la oposición exige plazos, mecanismos y resultados medibles.