La prisión de Santiago Peña convierte la crisis de Ueno Bank en una batalla política y judicial

El exmandatario paraguayo quedó en prisión preventiva por la crisis de Ueno Bank, mientras la Fiscalía apunta a sus vínculos con el grupo financiero y sus detractores ven el caso como la consecuencia de una gestión cuestionada.
La prisión de Santiago Peña convierte la crisis de Ueno Bank en una batalla política y judicial

La prisión de Santiago Peña convierte la crisis de Ueno Bank en una batalla política y judicial
La Justicia paraguaya ordenó prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña en el caso Ueno Bank, una decisión que cruza la investigación penal con la crisis política que terminó con su salida del poder. El juez de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú dispuso que permanezca en el Regimiento Escolta Presidencial y no en una cárcel común.

La explicación judicial es directa: Peña debe quedar detenido para asegurar su sometimiento al proceso. “Este ciudadano debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento”, afirmó Otazú tras la audiencia. El magistrado también justificó el régimen especial por la información sensible que, como exjefe de Estado, manejaría sobre asuntos como el crimen organizado.

La Fiscalía acusa a Peña de presunta lesión de confianza, como instigador, y de administración en provecho propio, como autor. Según la imputación, “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank.

El eje de la acusación son sus antiguos vínculos con Ueno Holding, la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central y la colocación de unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social en la entidad. La crisis estalló cuando el regulador inició la resolución del banco, afectando a unos 2,94 millones de clientes y fondos de instituciones públicas.

Desde la perspectiva opositora, la detención confirma la gravedad del “mal desempeño de funciones” que motivó el juicio político y la destitución de Peña. El entorno oficialista, en cambio, recoge la negativa del expresidente a las imputaciones y presenta el expediente como una investigación aún abierta, que también alcanza a otras 27 personas y a exdirectivos del banco.

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