Venezuela promete pensiones transfronterizas, pero la oposición exige que el convenio pase del anuncio a la práctica

Venezuela promete pensiones transfronterizas, pero la oposición exige que el convenio pase del anuncio a la práctica
El Gobierno de Venezuela anunció la ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social durante la XXX Cumbre Iberoamericana. Delcy Rodríguez lo describió como un «paso histórico» que permitirá reconocer y sumar los años cotizados en países participantes para facilitar el acceso a pensiones.

La lectura oficial pone el acento en la integración y la protección de los venezolanos que trabajan dentro y fuera del país. El acuerdo busca proteger a trabajadores migrantes, sus familias y empleados de empresas multinacionales mediante la coordinación de los sistemas de seguridad social.

La oposición coincide en que la herramienta puede ser útil, pero rechaza presentar la ratificación como una solución inmediata. Su advertencia central es tajante: «Ratificar fue un paso. Cumplir es la obligación». El convenio permite totalizar períodos cotizados y calcular la parte proporcional que corresponde a cada Estado; no crea una pensión única, no suma aportes dos veces ni garantiza pagos automáticos.

También quedan interrogantes prácticas. Según el análisis crítico, Venezuela debe precisar cuándo entrará en vigor el instrumento, qué instituciones recibirán las solicitudes y qué regímenes estarán cubiertos. La aplicación exige registros verificables, intercambio de información y procedimientos accesibles. Sin esos elementos, el derecho puede quedar limitado al papel.

Además, la ratificación no sustituye los acuerdos bilaterales ya existentes. Un venezolano que haya trabajado en España, por ejemplo, ya puede solicitar el reconocimiento conjunto de sus períodos bajo el convenio bilateral vigente entre ambos países. El marco multilateral amplía la coordinación allí donde no existen acuerdos, pero debe preservar las protecciones más favorables.

El Gobierno sostiene que Venezuela «lo confirma, lo ratifica y se compromete fielmente a cumplir» el convenio. La diferencia entre ambas posiciones está, por tanto, menos en el objetivo que en la prueba decisiva: convertir la promesa diplomática en pensiones efectivamente reconocidas y pagadas.