Reforma eléctrica abre la puerta al capital privado, pero el Gobierno niega una privatización

Reforma eléctrica abre la puerta al capital privado, pero el Gobierno niega una privatización
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, una norma que incorpora la autogeneración y permite a empresas privadas producir y vender electricidad bajo tarifas y reglas estatales. El oficialismo la presenta como una respuesta a la crisis de oferta y como una vía para modernizar la infraestructura.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, insiste en que el cambio no equivale a privatizar el sistema. Según explicó, “el Estado mantiene la obligación permanente de atender la prestación del servicio”, aunque un privado podrá instalar plantas, generar electricidad o incluso importarla para suministrarla a grandes usuarios, como industrias y centros comerciales.

La reforma crea además una Superintendencia del Sistema Eléctrico para supervisar la prestación, la autogeneración y las tarifas. El texto contempla sanciones para usuarios, empresas operadoras y autogeneradores que afecten la red, incumplan instrucciones o presten el servicio de forma irregular. El Gobierno sostiene que ese esquema permitirá atraer inversión nacional e internacional “pública y privada” con reglas claras.

La diferencia está en el lenguaje político. Para el oficialismo, se trata de una “expansión de la prestación” bajo control estatal; para la oposición, la reforma busca atraer inversión privada y representa una apertura del sector, aunque el propio Rodríguez rechace llamarla privatización. En ambos relatos aparece la misma apuesta: sumar capital y capacidad privada para elevar la oferta eléctrica. Lo que cambia es la interpretación sobre si esa participación complementará al Estado o marcará un giro estructural en el modelo del servicio.