La huelga por la vivienda enfrenta a sindicatos, Gobierno y empresarios tras una jornada de disturbios

La huelga por la vivienda enfrenta a sindicatos, Gobierno y empresarios tras una jornada de disturbios
La primera huelga general en España en 14 años convirtió la crisis de la vivienda en el centro de una disputa política y social que desbordó las calles. Convocada por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por CCOO y UGT, la protesta reclamó alquileres accesibles, salarios más altos, menos jornada y mejores servicios públicos. Su portavoz, Valeria Racu, la definió como una huelga “contra el rentismo como sistema” y afirmó que la vivienda “es el mayor problema del país”.

El seguimiento, sin embargo, quedó atrapado en cifras enfrentadas. Los sindicatos hablaron de una adhesión especialmente elevada en Cataluña y Andalucía, mientras la patronal CEOE calificó el paro de “fracaso” y situó la interrupción media por debajo del 5%. En Madrid, las estimaciones también se dividieron: 120.000 asistentes según la Delegación del Gobierno frente a 400.000 para los organizadores.

La jornada sí tuvo efectos tangibles: cortes en carreteras, interrupciones logísticas y afectaciones al transporte. En Barcelona, una marcha que transcurrió pacíficamente durante buena parte del día terminó con escaparates destrozados, comercios saqueados, contenedores incendiados y material pirotécnico lanzado contra la policía.

El balance de seguridad elevó la tensión: al menos 52 detenidos, cerca de 1.500 incidentes policiales y decenas de heridos, incluidos 15 agentes. Sindicatos denunciaron un uso “desproporcionado y abusivo” de la fuerza, mientras las autoridades actuaron contra piquetes por supuesta resistencia, daños y atentado a la autoridad.

El enfrentamiento también alcanzó a los partidos. Pedro Sánchez reivindicó que las huelgas “cambiaron España”, pero el líder opositor Alberto Núñez Feijóo pidió desconvocar una protesta que, a su juicio, estaba dirigida contra la oposición. Los sindicatos replicaron que sus críticas también apuntan al Gobierno y a los partidos de izquierda que, según Racu, han abrazado “políticas de derechas”.