El cerco a Perkins Rocha abre una nueva batalla entre la oposición y el Gobierno venezolano

El cerco a Perkins Rocha abre una nueva batalla entre la oposición y el Gobierno venezolano
El cerco policial sobre la residencia de Perkins Rocha escaló en Caracas cuando agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidieron la entrada de los eurodiputados españoles Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías. La esposa del abogado denunció que unos 15 funcionarios bloquearon el acceso pese a que la visita estaba concertada y no existía, según la familia, ninguna orden judicial conocida.

La oposición convirtió el episodio en una prueba de fuerza. María Corina Machado difundió la denuncia como “una nueva muestra de abuso de poder” y de restricciones arbitrarias contra Rocha y su familia. Tertsch calificó el bloqueo de “coletazos totalitarios de un régimen que agoniza”, mientras Rocha, desde su balcón, agradeció el respaldo europeo y afirmó: “Seremos libres”.

La defensa sostiene que el operativo carece de base legal. El abogado Omar Mora Tosta aseguró que el juez de la causa confirmó que no existe mandato para limitar las visitas y describió cualquier instrucción en ese sentido como “absolutamente ilegal, arbitraria”. Rocha, bajo arresto domiciliario y con grillete electrónico, advirtió que la medida contradice la promesa de restablecer derechos civiles en la mesa de diálogo y pidió no perder los “pequeños espacios de libertad” conquistados.

Dinorah Figuera, integrante de la delegación opositora en las negociaciones, logró visitar al abogado y exigió el cese de las “tácticas intimidantes”. La Plataforma Unitaria fue más lejos: reclamó la liberación inmediata de Rocha y de los casi 400 presos políticos, al considerar que no puede haber transición democrática mientras permanezcan detenidos.

El Gobierno, sin embargo, rechaza esa lectura. El canciller Oliver Blanco negó que su despacho hubiera ordenado impedir el acceso de los eurodiputados y calificó de “FAKE” las versiones que vinculan a la Cancillería con el operativo. La disputa deja así una pregunta central: ¿fue una orden autónoma de la policía o una nueva señal de control político mientras avanzan las conversaciones?