La reforma eléctrica abre la puerta al capital privado mientras el Gobierno niega una privatización

La reforma eléctrica abre la puerta al capital privado mientras el Gobierno niega una privatización
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, una norma que promete modernizar el sector y abrirlo a nuevos participantes. El texto incorpora la autogeneración y permite que empresas privadas produzcan electricidad y la vendan a industrias, comercios y otros grandes consumidores mediante tarifas reguladas.

Para el oficialismo, la clave está en ampliar la oferta sin retirar al Estado del sistema. Jorge Rodríguez sostuvo que el Estado conserva la “obligación permanente” de prestar el servicio, pero que un privado podrá instalar una planta, generar su propia energía o incluso importarla para suministrarla a usuarios bajo condiciones establecidas por ley. La reforma también crea una superintendencia encargada de vigilar la autogeneración, las tarifas y el impacto sobre la red pública.

El Gobierno presenta así la medida como una combinación de apertura y control: inversión privada, sanciones por incumplimientos y subsidios para quienes no puedan afrontar las tarifas. La Asamblea la describe además como un mecanismo para fortalecer la infraestructura, mejorar la eficiencia y garantizar la continuidad del servicio.

La lectura opositora parte de una tensión distinta. El propio encabezado de su cobertura resume la reforma como un intento de “atraer inversión privada”, aunque recoge también la aclaración oficial de que “no hay privatización”. Esa disputa semántica concentra el debate: para el Ejecutivo, se trata de ampliar la prestación regulada; para sus críticos, la entrada de empresas privadas marca un giro relevante en la gestión eléctrica.

La ley mantiene la rectoría estatal, pero transforma el papel del sector privado. El resultado dependerá de cómo se apliquen las tarifas, los controles y las sanciones, y de si la apertura consigue aumentar efectivamente la oferta sin deteriorar el servicio público.