La huelga de hambre en Ramo Verde escala mientras los presos denuncian abandono y riesgo para sus vidas

La huelga de hambre en Ramo Verde escala mientras los presos denuncian abandono y riesgo para sus vidas
La protesta en Ramo Verde entró en una fase crítica: 36 militares presos por motivos políticos y otro detenido por un delito común mantienen una huelga de hambre para exigir libertad, revisión de sus expedientes y acceso a los beneficios de la Ley de Amnistía. Sus familiares sostienen que varios ya cumplieron sus condenas y permanecen encarcelados sin explicación. «No estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo justicia», reclamó Katty Díaz, esposa de un sargento del caso Cotiza.

La versión de los allegados describe un encierro convertido en aislamiento. Denuncian que los huelguistas fueron confinados en una cancha, sin baños, agua potable ni atención médica, y que algunos debieron recoger agua de lluvia o estancada. También responsabilizan al general Luis Ojeda por las condiciones dentro del penal y temen una intervención de fuerzas antimotines tras los cacerolazos y gritos de libertad.

El deterioro físico ya es visible. Ocho militares se descompensaron después de 96 horas de ayuno y recibieron hidratación del servicio médico del centro, según reportes difundidos por familiares y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). La organización recordó que el Estado debe garantizar la vida y la integridad de quienes están bajo custodia, pero denunció que ninguna autoridad se había presentado para escuchar las demandas.

La tensión no se limita a los huelguistas: las visitas fueron suspendidas para los 235 internos de Ramo Verde y los accesos quedaron militarizados. El OVP advirtió que un posible traslado de presos tras las protestas internas podría derivar en violencia.

Desde la oposición, Leopoldo López resumió la disputa política: «No se puede seguir utilizando la prisión como instrumento de persecución» y los presos «deberían estar libres». En los hechos, sin embargo, las familias siguen esperando boletas de excarcelación, atención médica y una respuesta institucional.