El bloqueo a Perkins Rocha expone una lucha por el control del poder en Venezuela
El bloqueo a Perkins Rocha expone una lucha por el control del poder en Venezuela
Los eurodiputados españoles Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías lograron visitar finalmente a Perkins Rocha, después de que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) les cerraran el paso durante horas. La oposición presentó el episodio como una nueva muestra de arbitrariedad: la defensa del abogado asegura que no existe orden judicial que limite sus visitas y Vente Venezuela denunció un “abuso de poder” contra Rocha y su familia.
El bloqueo, sin embargo, no fue el desenlace. Tras 24 horas de obstáculos, los parlamentarios ingresaron a la vivienda, donde Rocha agradeció el acompañamiento internacional. “La perseverancia ciudadana triunfa cuando los objetivos son nobles”, escribió el abogado, que permanece bajo arresto domiciliario con grillete electrónico. Para Tertsch, la resistencia policial no fue un simple trámite administrativo, sino una señal política: habló de “coletazos totalitarios de un régimen que agoniza” y defendió que la transición democrática venezolana es irreversible.
La versión oficial introduce una grieta distinta. Según los reportes del incidente, agentes atribuyeron el bloqueo a instrucciones de la Cancillería, pero el ministro Oliver Blanco lo negó públicamente y calificó esa versión de “FAKE”. La contradicción desplaza la pregunta: si la Cancillería no ordenó la medida, ¿quién lo hizo y con qué autoridad?
El periodista César Batiz advierte que la PNB depende del área de Interior y Justicia, no de Relaciones Exteriores. Por eso, sostiene, el caso revela un problema de cadena de mando y podría apuntar a sectores del aparato de seguridad con agendas propias, aunque reconoce que no hay pruebas para escoger una explicación definitiva.
El acceso conseguido reduce la tensión inmediata, pero no resuelve el fondo: la restricción a periodistas, organizaciones de derechos humanos y representantes internacionales sigue sin responsable ni fundamento legal públicamente aclarado.
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