La reforma de la Ley contra el Odio elimina la prisión, pero no la polémica

La reforma de la Ley contra el Odio elimina la prisión, pero no la polémica
La Asamblea Nacional venezolana busca reformar la Ley contra el Odio con una promesa central: eliminar las penas de prisión sin renunciar a un marco sancionatorio para los discursos considerados dañinos. El proyecto fue sometido a consulta pública en la Universidad Central de Venezuela, con participación de profesores, estudiantes y otros sectores.

El oficialismo interpreta el proceso como una oportunidad de rectificación. Nicolás Maduro Guerra sostuvo que la norma nació en 2017, en un contexto de alta polarización, y que ahora debe abrir paso a una legislación basada en el respeto, la solidaridad y la convivencia democrática. La tesis gubernamental es que Venezuela atraviesa un momento político distinto, marcado —según sus promotores— por la reconciliación y la necesidad de reconstruir acuerdos.

La propuesta más concreta la explicó el diputado Jorge Arreaza: derogar los cinco artículos que contemplan penas privativas de libertad y evaluar sanciones alternativas, incluidas multas o disculpas públicas para casos leves. El parlamentario también defendió conservar alguna herramienta legal, argumentando que el discurso de odio “existe en la política” y puede producir efectos.

El proyecto pretende incorporar los seis criterios del Plan de Acción de Rabat —contexto, emisor, intención, contenido, alcance y probabilidad de daño— para determinar la gravedad de cada caso. Sus impulsores incluso plantean retirar la palabra “odio” del título y orientarlo hacia la paz, la convivencia y el respeto.

Ahí aparece el principal choque. Para el oficialismo, reformar es corregir excesos y adaptar la norma al nuevo escenario; para gremios periodísticos, mantenerla —aunque sin cárcel— conserva una amenaza a la libertad de expresión. Por eso exigen la derogación total, no una versión suavizada del mismo instrumento.