Ramo Verde convierte una huelga de hambre en pulso por la libertad y la atención médica
Ramo Verde convierte una huelga de hambre en pulso por la libertad y la atención médica
La huelga de hambre que mantienen 36 militares presos en Ramo Verde dejó de ser solo una protesta judicial: familiares y organizaciones denuncian un deterioro físico acelerado y condiciones básicas restringidas. Los detenidos reclaman la revisión de procesos que consideran viciados, libertad y la aplicación de la Ley de Amnistía.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) sostiene que los huelguistas llevan más de 150 horas sin atención suficiente y que permanecen sin agua potable ni sanitarios. “Los días pasan y pasan y nuestros familiares se siguen descompensando”, denunció Suilymar Díaz, esposa de uno de los detenidos. La organización exigió hidratación, evaluación médica independiente y garantías para la vida de los presos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó que ocho militares se descompensaron el 13 de noviembre y que el sargento Luis Lobo Medina, hipertenso y con deficiencia respiratoria, fue trasladado al Hospital Militar. Según familiares, el cierre de un portón habría impedido el acceso al agua y a los baños; además, se suspendieron las visitas para los 235 privados de libertad del penal y se reforzaron sus accesos.
La versión de los familiares añade una dimensión política: varios sargentos del caso Cotiza habrían cumplido sus condenas sin ser liberados. Ángel Eduardo Soler reclamó que el expediente llegue a la mesa de negociación y pidió libertad para los detenidos. También alertó sobre su aislamiento y la falta de información médica.
La oposición convirtió el caso en un llamado internacional. Leopoldo López afirmó que la prisión no puede usarse como “instrumento de persecución” y que los presos “deberían estar libres”. María Corina Machado, por su parte, denunció la violación de los derechos humanos de los militares y pidió difundir su situación.
El punto de coincidencia entre las denuncias es la urgencia médica; la disputa central está en la respuesta estatal: mientras las familias y las ONG exigen atención y excarcelaciones, no se conoce una respuesta pública de las autoridades de Ramo Verde.
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