De los privilegios al ventilador: Peña acaba en una prisión militar común

El exmandatario paraguayo Santiago Peña fue trasladado a Viñas Cué tras las críticas por las condiciones privilegiadas de su detención, mientras avanza la causa por el colapso de Ueno Bank.
De los privilegios al ventilador: Peña acaba en una prisión militar común

De los privilegios al ventilador: Peña acaba en una prisión militar común
Santiago Peña dejó atrás la habitación acondicionada del Regimiento Escolta Presidencial y fue ingresado, esposado y bajo fuerte custodia, en la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción. La decisión judicial busca cerrar la polémica por el trato preferencial que habría recibido el expresidente paraguayo durante sus primeros días de detención.

El juez penal Osmar David Legal ordenó el traslado inmediato y dispuso que Peña permanezca bajo autoridad judicial, aunque con comunicación libre con su defensa: «Ordénase el inmediato traslado del mismo a la Prisión Militar de Viñas Cue […] lugar donde deberá permanecer en libre comunicación y a disposición de este Juzgado».

La versión difundida por medios estatales y locales presenta la medida como una corrección frente a los privilegios denunciados. En el regimiento, según esas informaciones, el exmandatario habría tenido dormitorio moderno, baño privado, oficina, comedor e incluso un gimnasio. En Viñas Cué, en cambio, ocupará una celda de unos cuatro por cuatro metros, con cama, mesa, silla, ropero, baño y ventilador, en condiciones similares a las de los demás reclusos, aunque separado por razones de seguridad.

El trasfondo es más amplio que el régimen carcelario. Peña fue destituido tras un juicio político por faltas graves en la función pública y enfrenta una investigación por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal vinculada al vaciamiento de Ueno Bank, entidad cuyos problemas afectaron fondos de millones de clientes y recursos públicos.

La justicia ordenó además proteger su integridad física y presentar un informe sobre los protocolos aplicados. Así, el traslado intenta responder a dos presiones simultáneas: la exigencia de igualdad ante la ley y la necesidad de garantizar la seguridad de un exjefe de Estado convertido en imputado.

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