La huelga en Ramo Verde enfrenta el deterioro de 36 militares con la falta de respuesta oficial
La huelga en Ramo Verde enfrenta el deterioro de 36 militares con la falta de respuesta oficial
Treinta y seis militares presos políticos cumplen una semana en huelga de hambre en Ramo Verde. La protesta, iniciada el 9 de noviembre, exige su liberación, la revisión de expedientes y el cese de los retrasos procesales. Organizaciones humanitarias advierten que 18 de los huelguistas tienen enfermedades crónicas o lesiones sin atención, una combinación que eleva el riesgo médico.
La versión de los familiares es más urgente: denuncian que los detenidos siguen sin hidratación suficiente, acceso digno a baños ni evaluación médica constante. “Los días pasan y pasan y nuestros familiares se siguen descompensando”, dijo Suilymar Díaz, esposa de uno de los militares. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reclama asistencia inmediata y recuerda que los reclusos están bajo responsabilidad del Estado.
El deterioro ya produjo traslados de emergencia. Luis Alfredo Lobo Medina, señalado como hipertenso y con otras lesiones, fue llevado a un hospital militar y luego devuelto al penal. Para el Instituto CASLA, la crisis no es únicamente sanitaria: algunos presos habrían cumplido sus condenas y continuarían encarcelados sin base legal. La ONG califica esa situación, de confirmarse, como “secuestro institucional” y exige boletas de excarcelación, auditorías y observación independiente.
La defensa también apunta al expediente: sostiene que, tras una decisión del Tribunal Supremo que ordenó repetir el proceso, la causa permanece paralizada y sin apertura de juicio. Desde la oposición, Leopoldo López resumió la denuncia como un uso de la prisión “como instrumento de persecución”, mientras María Corina Machado pidió que el mundo conozca el sufrimiento de los militares.
Así, las perspectivas convergen en una exigencia inmediata —proteger la vida de los huelguistas—, pero difieren en el foco: las familias priorizan la atención diaria, las ONG reclaman supervisión y justicia, y la oposición presenta la protesta como evidencia de persecución política.
Write a comment