1.343 aspirantes al TSJ abren una prueba de transparencia en medio de dudas sobre su independencia

El Comité de Postulaciones Judiciales presenta las 1.343 candidaturas como un proceso inédito y acelerado, mientras sectores opositores celebran la participación pero advierten sobre los controles, los plazos y la influencia política en la selección.
1.343 aspirantes al TSJ abren una prueba de transparencia en medio de dudas sobre su independencia

1.343 aspirantes al TSJ abren una prueba de transparencia en medio de dudas sobre su independencia
El Comité de Postulaciones Judiciales cerró la recepción de candidaturas con 1.343 aspirantes para cargos del Tribunal Supremo de Justicia, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela de la Magistratura. Su presidente, Giuseppe Alessandrello, calificó el resultado de “extraordinario” e “inédito” y defendió que la fase inicial se completara en 22 días, en lugar de los 30 previstos por la ley, para imprimir celeridad al proceso.

El siguiente paso será publicar el listado y abrir la participación ciudadana. Según el cronograma oficial, comenzará un período de 15 días hábiles para impugnar candidaturas; después, el comité tendrá ocho días para revisar los señalamientos y tres más para decidir si los aspirantes cuestionados continúan. El procedimiento busca combinar control público y derecho a la defensa.

Desde la oposición representada en el comité, Luis Florido también presentó el volumen de postulaciones como una señal positiva. Aseguró que existen “currículos extraordinarios” y sostuvo que las impugnaciones darán “más vida y transparencia” a la selección, al permitir que los ciudadanos formulen observaciones sustentadas.

La lectura crítica, sin embargo, pone el foco menos en la cantidad que en las garantías. Un reporte opositor registra versiones sobre un lapso de cuatro días continuos para impugnar, en contraste con los 15 días hábiles comunicados oficialmente, y advierte que la independencia no queda asegurada por la composición ampliada del comité. También señala la presencia de antiguos magistrados vinculados al chavismo en el Consejo de Verificación de Credenciales y recuerda que la decisión final recaerá en una Asamblea Nacional controlada por el oficialismo.

Así, la disputa no está en si habrá participación, sino en cuánto pesará ese control ciudadano frente a la estructura política que conducirá el filtro final.

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