La renovación del TSJ arranca con 1.343 nombres y viejas sombras

El Comité Judicial abrió el proceso para renovar el TSJ, pero la lista incluye a magistrados en ejercicio, funcionarios sancionados y figuras vinculadas al poder. La oposición celebra el acuerdo, aunque exige una justicia realmente independiente.
La renovación del TSJ arranca con 1.343 nombres y viejas sombras

La renovación del TSJ arranca con 1.343 nombres y viejas sombras
El Comité de Postulaciones Judiciales publicó los nombres de 1.343 aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como a la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura. La distribución es de 1.066 candidatos al máximo tribunal, 166 a la Inspectoría y 111 a la Escuela. El proceso, según el Comité, se ajusta a la Constitución y a la Ley Orgánica del TSJ.

La fase de impugnaciones estará abierta entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre. Las objeciones deberán presentarse “por escrito, de forma personal y con presentación de pruebas”; la designación definitiva está prevista para el 11 de diciembre.

Desde la oposición negociadora, Dinorah Figuera presentó la cifra como una señal de participación y un avance hacia la reconstrucción institucional. “Es un primer paso en la hoja de ruta del camino hacia la libertad”, afirmó, al defender la meta de un tribunal capaz de responder a las exigencias ciudadanas.

Pero la lectura crítica es menos optimista. Una investigación de Cazadores de Fake News y El Pitazo identificó a 11 aspirantes en listas de sanciones de Estados Unidos o la Unión Europea: ocho buscan una magistratura y tres aspiran a dirigir órganos judiciales. El propio reporte advierte que las sanciones no equivalen a una condena y que postularse no implica ser elegido, pero señala también vínculos con el Ejecutivo, el Ministerio Público y el aparato judicial.

La tensión central está en la continuidad: más del 80 % de los magistrados actuales habría presentado credenciales para repetir. Así, el proceso combina una apertura formal —más de mil postulaciones y un período de objeciones— con dudas sobre cuánto cambiará realmente la cúpula de una institución cuestionada por su cercanía al poder político.

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