Ramo Verde se queda sin margen mientras 37 militares desafían al Gobierno con una huelga de hambre

Familiares y ONG denuncian que los militares presos en Ramo Verde enfrentan un deterioro físico acelerado tras 11 días sin comer. Exigen atención médica, revisión de sus causas y libertad, mientras activistas reclaman el cierre del penal.
Ramo Verde se queda sin margen mientras 37 militares desafían al Gobierno con una huelga de hambre

Ramo Verde se queda sin margen mientras 37 militares desafían al Gobierno con una huelga de hambre
La huelga de hambre iniciada el 9 de noviembre en Ramo Verde entró en su undécimo día con cifras distintas, pero una misma alarma: las organizaciones hablan de 36 o 37 militares detenidos cuyo estado físico se deteriora rápidamente. Los presos reclaman atención médica, revisión de sus procesos y libertad.

La denuncia de familiares y ONG

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertaron que 19 de los 36 internos presentan deshidratación y descompensación severas; 18 padecen enfermedades previas. El sargento Luis Alfredo Lobo Medina fue trasladado al Hospital Militar tras sufrir una crisis hipertensiva y dificultades respiratorias.

Familiares y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) aseguran que los huelguistas no han recibido evaluaciones especializadas. Eladia Vásquez, madre de Heverd David Glod Vásquez, pidió asistencia urgente y advirtió sobre el debilitamiento de su hijo. Para Clippve, “la indiferencia también pone en riesgo vidas”.

La lectura de los activistas

Expresos políticos y defensores de derechos humanos sostienen que el deterioro no puede separarse de las condiciones del penal. Denuncian aislamiento a la intemperie, falta de agua potable y suspensión de visitas familiares. El periodista Carlos Julio Rojas describió Ramo Verde como “uno de los peores centros de tortura” y relató que durante su reclusión pasó ocho días sin agua.

El detonante judicial

La protesta comenzó con 21 sargentos vinculados al caso Cotiza, después de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara y reiniciara el juicio, con nuevas imputaciones por traición a la patria. Los manifestantes afirman que algunos ya cumplieron sus condenas. Así, familiares y ONG coinciden en la urgencia médica, pero los activistas amplían el reclamo: no solo piden atención y libertad, sino el fin de las prácticas que —sostienen— convierten a Ramo Verde en un símbolo de tortura y detención política.

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