El último recurso

La violencia nunca se fue. Solo hemos aprendido a organizarla.

Durante milenios, por prueba y error, fuimos construyendo un artificio admirable: en lugar de resolver cada conflicto a golpes, acordamos confiar en un tercero. Primero serían simplemente personas de autoridad moral reconocida, que andando el tiempo acabarían convirtiéndose en jueces. Detrás de ellos colocamos la fuerza y aprendimos a someterla a reglas, lo que nos proporcionaba, al menos, cierta previsibilidad. A eso llamamos Estado entre otras cosas, y Max Weber lo definió con precisión: la comunidad que reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima.

El adjetivo importa más que el sustantivo. El monopolio no se sostiene por la fuerza, sino por la legitimidad. Renunciamos a tomarnos la justicia por nuestra mano porque creemos que alguien la administrará con arreglo a normas que, en principio, no dependen de quién seamos ni de a quién conozcamos. Esa creencia es el verdadero cimiento del edificio. Es confianza, y la confianza no se decreta.

La violencia, por tanto, no desaparece cuando hay instituciones. Queda en reserva como institución de último recurso, que diría mi admirado Adolfo Contreras. Mientras los cauces funcionan, permanece dormida. Cuando dejan de funcionar, o cuando dejamos de creer que funcionan, regresa. Y no regresa necesariamente con estruendo. Empieza de forma discreta: una presión, un aviso, un expediente que se abre, una visita a tus hijos en el colegio…

Hay dos señales inequívocas de ese regreso.

La primera es que el poder deje de combatir las sentencias y empiece a combatir a quienes las firman. Un gobernante que recurre una resolución está dentro del sistema. Uno que busca doblegar a quien la dicta se ha salido de él, aunque conserve todos los cargos y todas las formas. Amedrentar a un juez es más grave que cualquier otra coacción, porque no ataca a una persona: ataca al mecanismo que nos permite no ser violentos. Es serrar la rama sobre la que estamos todos sentados.

La segunda señal es más sutil: que los ciudadanos dejen de creer en las casualidades. Cuando una sociedad confía en sus instituciones, acepta las explicaciones sencillas. Cuando deja de confiar, cualquier coincidencia le parece sospechosa, y lo peor no es que la sospecha sea cierta, sino que resulte verosímil. Una comunidad en la que lo impensable se ha vuelto creíble ya ha perdido algo que tardará generaciones en recuperar.

Sería cómodo atribuir todo esto a unas siglas. No lo es. El problema no es quién ocupa el poder, sino qué incentivos tiene quien lo ocupa. Quien se juega su porvenir y el de los suyos en cada resolución judicial tiene motivos poderosos para influir en ella, lleve la camiseta que lleve. Por eso no basta con echar a nadie: mientras los incentivos sigan intactos, el siguiente hará lo mismo, o algo parecido.

Ahora bien, ningún poder se ejerce solo. Hasta el régimen más autoritario, o precisamente los más autoritarios, tiene su aparato de propaganda. Pero la propaganda no detiene a nadie, no archiva una causa, no firma una sanción ni ejecuta una orden. Para eso hacen falta engranajes: jueces, fiscales, policías, inspectores, autoridades de control, defensores del pueblo, alcaldes, funcionarios… El poder político propone; son ellos quienes disponen, al menos de entrada. Si esos engranajes claudican, estamos perdidos. Si resisten, el daño tiene un límite.

Cabe entonces la pregunta decisiva: ¿hay margen de actuación en nuestras instituciones, al margen del legislativo y del gubernamental (usurpados por las diferentes mafias políticas), para salvarnos?

Creo que sí, y que es mayor de lo que el pesimismo ambiente sugiere. Los jueces son independientes e inamovibles. La Constitución los somete únicamente al imperio de la ley, aunque sería más exacto decir al del Derecho: al ordenamiento jurídico entero, del que la ley es una fuente, pero no la única. El funcionario no está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales, y la obediencia debida no le exime de responsabilidad. Quien denuncia desde dentro cuenta hoy con una protección legal que hace una década no existía. Son herramientas modestas, pero reales.

No conviene engañarse sobre su alcance. No todos los engranajes tienen la misma libertad: no resiste igual quien es inamovible que quien depende de una jerarquía o de un nombramiento. Y resistir no significa apartarse del Derecho cuando su resultado nos disgusta, que sería sustituir una arbitrariedad por otra. Significa algo más sencillo y más difícil: no ceder ante la orden ilegítima, ante la presión que, en el mejor de los casos, apenas deja un mísero rastro, ni ante el miedo a lo que pueda pasarle a uno.

Porque el margen existe, pero no actúa solo. Las garantías son papel hasta que alguien las invoca, y quien las invoca suele pagar un precio: una carrera que se estanca, un destino peor, una campaña en su contra, a veces algo más. Heródoto cuenta que el rey Cambises mandó desollar al juez Sisamnes por dictar una sentencia injusta a cambio de dinero, y tapizar con su piel el sillón desde el que juzgaría su sucesor: el hijo del propio Sisamnes. La imagen ha servido durante siglos para advertir a los jueces contra la corrupción. Hoy convendría leerla al revés: lo que debería quitarnos el sueño, más que el juez que se vende, es el que se asusta.

La Justicia no depende de héroes, sino de personas corrientes que, en un despacho cualquiera, un día cualquiera, deciden hacer su trabajo como si nadie las estuviera mirando y como si nadie pudiera hacerles daño por ello. Una sociedad no puede sobrevivir sin confiar en sus jueces; tampoco puede hacerlo si sus jueces no pueden confiar en que estarán a salvo.

La alternativa ya la conocemos. Es la más antigua de todas, y nunca ha dejado de estar ahí.