El jinete sobre el elefante

Hay una metáfora, supongo que de la India, que compara la mente humana con un jinete sobre un elefante. Cuando todo va bien, el jinete guía al animal sin problemas: decide la dirección, frena cuando quiere, y tener una bestia de ese tamaño a su servicio le resulta práctico. Pero cuando el elefante se asusta o se enfurece, aplasta todo a su paso y el jinete es un mero pasajero. No hay freno que valga.

Esa imagen funciona perfectamente para describir la relación entre el consciente y el subconsciente, pero últimamente no dejo de pensar en ella al ver cómo la derecha chilena —José Antonio Kast incluido— entiende el rol del Estado. Creen que pueden montar al elefante, darle órdenes ocasionales y confiar en que no hará nada que ellos no hayan planeado. Se creen jinetes expertos. Pero el elefante, como siempre, termina por pisotearlos a ellos también.

Kast propone una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción. La idea son zonas delimitadas —llamadas polígonos— donde, para combatir al crimen organizado, se prohibirían las reuniones públicas, se interceptarían comunicaciones y se trataría a todos los habitantes del área como sospechosos de antemano. Es el sueño húmedo de la Unión Soviética, solo que presentado por un gobierno de derecha.

El problema no es solo la medida en sí. Es la fantasía de quienes la proponen: creen que este tipo de poder puede crearse, usarse “con responsabilidad” y luego guardarse en un cajón. Como si el elefante obedeciera solo porque el jinete actual es de su agrado. Parecen haberse olvidado de que cualquier herramienta que hoy legitimen podrá ser usada mañana por quienes más detestan.

Chile no es un país con tradición de estados de excepción breves y puntuales. En la zona sur del país, regiones como La Araucanía y el Biobío llevan AÑOS bajo estados de excepción que se renuevan una y otra vez. Cuando algo dura tanto, deja de ser excepcional y se convierte en régimen. A pesar de eso, la violencia en esa zona no se ha resuelto. La excepción se normalizó y el problema sigue ahí.

Ahora imagina ese mismo mecanismo —reuniones prohibidas, comunicaciones intervenidas, derechos suspendidos por decreto— pero escrito en la Constitución y aplicado en cualquier barrio que un futuro gobierno declare “inminente amenaza”. Y no estoy hablando de fantasías: figuras como Jeannette Jara (quien opina que Cuba es una democracia diferente), Camila Vallejo (ex vocera de gobierno de Boric, también comunista) o Lautaro Carmona (secretario general del PC, recién de visita en Cuba celebrando la dictadura de los Castro) están a unas elecciones de distancia de volver al poder. A estos personajes les encanta el modelo cubano, el venezolano o el chino. Les encanta el control. ¿De verdad alguien cree que no usarían una constitución que ya les regaló la derecha?

No olvidemos, además, cómo se controló a la población durante la pandemia sin necesidad de ningún estado de excepción constitucional. Si con las facultades normales lograron lo que lograron, imaginen lo que harían con esta carta blanca escrita en mármol.

Para entender por qué esta propuesta es especialmente peligrosa, hay que entender en qué condiciones llega. Chile no es hoy un país con instituciones sólidas y confiables. Esa credibilidad se derrumbó hace años.

En octubre de 2019, una insurrección masiva —el llamado “estallido social”— desató saqueos, incendios y violencia que destruyeron parte del centro de Santiago y otras ciudades. La izquierda, en lugar de condenar la violencia, la legitimó como “expresión social”. Luego vinieron dos intentos de reescribir toda la Constitución desde cero: el primero, con una convención dominada por la izquierda radical, redactó un texto tan extremo que incluso se contradecía para contentar a cada minoría de izquierda y el propio presidente de izquierda de entonces, Gabriel Boric, como siempre en campaña, usó recursos para promoverla en todo el país. El segundo intento, con “expertos” designados por partidos que en su mayoría perdieron la vez anterior, también fracasó en las urnas. Entre medio, durante la pandemia, se permitieron retiros masivos de los fondos de pensiones —el ahorro previsional de los chilenos— violando la Constitución vigente. Nadie pagó por ello. Ningún político asumió responsabilidad. Cuando la ilegalidad era evidente, toda la clase política salió a defender a los responsables.

Así que cuando Kast propone “recuperar la confianza” con una reforma económica basada en la invariabilidad tributaria —es decir, garantizar que no subirán impuestos durante un período—, la medida suena no solo tibia, sino casi ingenua. Porque al mismo tiempo, su propio gobierno reabre la discusión constitucional. Esa misma discusión que hasta la izquierda más radical había dado por muerta. Hugo Gutiérrez, diputado comunista que había defendido la actual Constitución en el último intento por reemplazarla, llegó a decir que estaba “ratificada suficientes veces como para cerrar el tema”. Pero Kast la reabrió.

La paradoja es de antología. Los republicanos —el partido de Kast— argumentaban antes que los quórums para reformar la Constitución eran demasiado bajos, y que por eso cualquier gobierno podía modificarla para aumentar el control estatal. Ahora, usando precisamente esos quórums bajos, son ellos quienes quieren modificarla para hacer a Chile más iliberal. Incluso defensores acérrimos de Kast, como el analista Fernando Villegas, no logran ver dos jugadas más allá: aun si este gobierno no abusa de la medida, el próximo sí lo hará. Y el próximo puede ser mucho peor.

La oposición, por supuesto, no ofrece ninguna alternativa seria. Su gran propuesta es levantar el secreto bancario, una receta sacada directamente del manual chavista. El objetivo no es combatir la evasión; es tener control financiero total sobre la población. No voy a entrar aquí a recomendar Monero o Bitcoin Cash, eso da para otro texto. Pero sí vale la pena notar la táctica: la izquierda chilena repite como loro una idea absurda o totalitaria durante años, hasta que termina permeando en la centroizquierda de Chile Vamos (lo que la prensa llama derecha). Ya lo hicieron con la Asamblea Constituyente —desde los noventa la pedían, hasta que la consiguieron—, con la ley de 40 horas semanales —ridiculizada al principio, luego asumida “transversalmente”—, y ahora con la destrucción progresiva del sistema de capitalización individual de pensiones en favor de un sistema de reparto que viene quebrando en todas partes donde se implementa.

Gabriel Boric, el expresidente que nunca logró salir del modo campaña —porque es el único modo en que le funciona—, salió a criticar la reforma de seguridad de Kast diciendo que limita las libertades. Tiene razón, casualmente. Pero no se volvió libertario de la noche a la mañana: en el mismo discurso sostuvo que el Estado debe “conducir y regular el desarrollo del país”. Fascismo clásico, servido en plato de cartón reciclado.

El oficialismo, por su parte, es un desastre sin orden ni dirección. Es una coalición de derecha que incluye a gente de centroizquierda sin ideas claras. Por ejemplo, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, llegó a decir en un momento de lucidez que le preocupaba añadir más poder estatal a la Constitución. No tardó una semana en contradecirse y salir a apoyar al gobierno. Lo mismo hizo con la reforma de pensiones: juró que no daría ni un punto al sistema de reparto, y luego votó a favor asegurando que eso “fortalecería la candidatura presidencial” de su entonces favorita, Evelyn Matthei, quien iba primera en las encuestas y terminó quinta. Gente como Ramínez no tiene valores. Tiene intereses: cargos de buena paga y poco esfuerzo. Convicción cero.

Una de las quejas constantes contra este gobierno ha sido la descoordinación comunicacional. Ya sea por mal diseño, porque cada error se rastrea al “segundo piso” de La Moneda —la oficina presidencial—, o porque eligieron a una vocera por su apariencia más que por su preparación. Ahora, sin vocería que pueda llamarse como tal, decidieron llevar a cabo un espectáculo: el traslado de 37 prisioneros peligrosos a una nueva cárcel de alta seguridad, estilo Bukele.

De esos 37 reos, solo uno era chileno. El podio se lo llevaron, sin sorpresa, venezolanos y colombianos. Esto confirma algo que muchos venían diciendo: las políticas migratorias “acogedoras” promovidas por la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018) y continuadas por Sebastián Piñera (2010-2014; 2018-2022) y por el propio Boric, han degradado la calidad de vida y la seguridad del país.

Pero esta “bukelización” es de cartón. Por ley, estos prisioneros deberán ser trasladados a una cárcel común si tienen buena conducta. Es decir: un líder de cartel narco o de mafia, si aprende a saludar con educación y no se pelea con los guardias, podrá volver a operar su organización en un plazo relativamente corto. La operación fue transmitida por streaming, como si fuera un reality show. Levantó críticas transversales: unos decían que era vulgar espectáculo, otros que era comunicación torpe. Show que sirvió para subir dos puntitos en las encuestas, pero que no durará. Son cortoplacistas.

Todo este teatro legalista —creer que escribir algo en un papelito arregla las cosas mágicamente— evade el problema de fondo: el Poder Judicial. Kast se ha negado a tocarlo, incluso cuando Johannes Kaiser —otro político que compitió contra Kast en la primaria— le encaró en un debate que si los jueces siguen siendo activistas, no hay ley del mundo que mantenga a un criminal encerrado, ni en cárceles comunes ni en cárceles tipo Bukele.

Y es que en las universidades chilenas se les enseña a jueces y abogados que los criminales son víctimas de la sociedad. Como diría Murray Rothbard, si seguimos esa lógica hasta el final, la víctima de un asesinato sería uno de los culpables de que su asesino existiera.

Todo este lío podría resolverse si el Estado —Poder Judicial incluido— usara las facultades que ya tiene. Pero no lo hace. No por falta de leyes, sino por ideología, por flojera o por pura falta de voluntad política. Y si no cumplen ni siquiera con la promesa más básica que justifica su existencia —mantener la seguridad y las fronteras— entonces se convierten en un Estado fallido.

Personalmente no creo que el Estado tenga justificación para existir. Pero incluso para quienes sí la creen, esto es un incumplimiento de contrato grave. Los ciudadanos podríamos —y deberíamos— exigir un reembolso. Con esa plata invertiríamos en rejas, alarmas y, por supuesto, en el armamento necesario para defendernos nosotros mismos. Porque el elefante, tarde o temprano, siempre termina por pisotear al jinete.