El leviatán y el minarquista: parte 2

En el texto anterior se me quedó algo clave en el tintero sobre la postura minarquista: su profunda ceguera ante la naturaleza misma del Estado. El minarquista —aquel que sueña con reducir el aparato estatal al mínimo indispensable— olvida que la burocracia jamás busca encogerse, sino expandirse. Pretender que el Estado se reduzca voluntariamente va contra su propia dinámica de supervivencia: en la máquina pública nadie está esperando abdicar de su puesto ni de sus privilegios por un arranque de honestidad patriótica.

El ejemplo de San Francisco es emblemático: el departamento dedicado a erradicar la indigencia recibe cada año un presupuesto más abultado y, paradójicamente, el problema solo empeora. La razón es simple: si eliminaran la indigencia por completo, todos los funcionarios y contratistas de esa repartición perderían su empleo. El incentivo real del sistema no es resolver el problema, sino perpetuarlo para justificar su presupuesto.

Cruzando el mapa, en Estados Unidos vemos cómo el alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdami, planea abrir para 2027 una red de supermercados municipales que inevitablemente recuerdan a las “farmacias populares” de Daniel Jadue en Chile. El esquema es idéntico: vender alimentos con un descuento arbitrario operando a pérdida, para luego cubrir ese déficit con los impuestos de los mismos contribuyentes neoyorquinos. Es decir, se utiliza el dinero de los ciudadanos para destruir el comercio privado y la competencia local. Y como el dinero público es finito y el modelo genera desabastecimiento, para evitar que la gente acumule y revenda o que habitantes de otras zonas se aprovechen del subsidio, la administración de Mamdami contempla el uso de credenciales de acceso que funcionan, en la práctica, como una versión digitalizada de las cartillas de racionamiento cubanas.

En Chile ya sabemos exactamente cómo terminan estos experimentos: compras a dedo usando recursos fiscales, venta a pérdida y la creación de redes clientelares diseñadas para comprar votos y chantajear a los proveedores. La palabra “subsidio” se convierte así en el salvoconducto para instalar una economía de control en la emblemática “tierra de la libertad” y en Chile no es mejor. Lo trágico es que en nuestro país existen partidos y referentes que se autodenominan libertarios mientras defienden a pie juntillas el “Estado subsidiario”. Ignoran que el principio de subsidiaridad, si bien teóricamente busca ayudar al individuo cuando este no puede valerse por sí mismo, en la práctica política se desvirtúa de inmediato: deja de ser una herramienta para “enseñar a pescar” y se convierte en el reparto permanente del pez. A la clase política jamás le interesará la primera opción, porque regalar el pez es el motor insustituible para el crecimiento indefinido del Estado.

Aquí es donde el minarquismo colapsa conceptualmente: defiende un equilibrio imposible que lleva en su núcleo la semilla de su propia destrucción. ¿Qué significa “el Estado lo más pequeño posible”? ¿Cuál es ese tamaño ideal? Los más moderados responden: “defensa, justicia y orden público”. Pero ¿cuántos recursos son suficientes para cada una de esas áreas? ¿Quién fiscaliza al fisco cuando este exige más presupuesto, sabiendo que la burocracia siempre argumentará que necesita más fondos para ser eficiente?

Lo vimos recientemente en la discusión presupuestaria: cuando se solicitó un ajuste a los distintos ministerios, desde el Ministerio de Seguridad retrucaron que allí no se podía recortar porque “la seguridad es la prioridad del gobierno de Kast”. Sin embargo, esa misma repartición ha sido incapaz (hasta recién ahora, 5 meses después) de articular un plan de seguridad. Es la ineficiencia estatal en su estado puro. ¿Dónde están los supuestos minarquistas exigiendo recortes a la burocracia inútil para optimizar los recursos sin sacrificar la operatividad?

En lo concreto, el Ejecutivo anuncia con bombos y platillos un paquete de 30 leyes “pro-seguridad”, de las cuales 20 ya están en tramitación. A esto se suma el anuncio de consagrar constitucionalmente el “deber del Estado de mantener la seguridad”. Sin embargo, basta con leer el Artículo 1° de la Constitución actual para notar que esa obligación ya existe: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia…”. Es decir, el Estado lleva décadas incumpliendo de forma sistemática su labor más básica. ¿Y sobre la protección a la familia? El incentivo legislativo de los últimos años ha ido precisamente en sentido contrario: dinamitar el núcleo familiar mediante distorsiones económicas y un costo de vida que vuelve prohibitivo formar un hogar.

Tras la aprobación de una tibia “mega-reforma” económica, el gobierno de Kast volcó toda su pauta mediática hacia la agenda de seguridad, demostrando una absoluta incapacidad para procesar dos prioridades en paralelo. Es la misma lógica paralizante de Chile Vamos cuando se negó a acusar al exministro Grau bajo el pretexto de “no distraer la reforma económica”. Esa supuesta “experiencia de gobierno” de la centroizquierda y la derecha tradicional no es más que la inercia de una clase política inepta.

Esta hipertrofia legislativa no es más que el síntoma de la hegemonía cultural de Chile Vamos dentro del gobierno. En lugar de que el Poder Ejecutivo utilice con determinación las atribuciones que ya tiene, apela a la ilusión —muy propia de la izquierda— de que un trozo de papel recién impreso resolverá milagrosamente el crimen organizado.

En vez de multiplicar leyes, el camino liberal exige eliminar los obstáculos que impiden a los ciudadanos defenderse por sí mismos. No solo eliminando las trabas burocráticas para la tenencia responsable de armas, sino terminando con absurdos fiscales como el aumento del avalúo fiscal y las contribuciones por el mero hecho de instalar cámaras, cercos eléctricos o sistemas de alarma en la vivienda propia. Es una aberración: el ciudadano paga impuestos por una seguridad pública que no recibe, se ve obligado a gastar de su bolsillo para proteger su hogar, y luego el Estado lo castiga cobrándole un impuesto adicional por haber invertido en su propia protección.

Falta ver si quienes se autodefinen hoy como libertarios tendrán las agallas de defender la autonomía privada de los ciudadanos o si terminarán plegándose al oficialismo para convalidar más control estatal bajo la eterna excusa de “tu seguridad”, la consigna predilecta de todo régimen autoritario.