Desde Sicilia a Los Andes

En las aguas serenas de Sicilia, un pescador desenterró recientemente un objeto que el mar había custodiado durante dos milenios. No era una roca, sino un ánfora romana del siglo I. Pertenecía a un mercante cargado con vino y aceite de oliva que naufragó en los albores del Imperio. Si hoy visitas esa misma provincia, notarás que la economía local conserva la misma columna vertebral: turismo, aceite y vino de clase mundial. Dos mil años después, el mercado sigue demandando lo que ese suelo produce mejor.

Esa estampa siciliana me trajo de vuelta a Chile, donde florece un ritual casi obligatorio para quienes buscan proyectar una falsa profundidad intelectual en tertulias y debates de café: repetir a coro que “en Chile solo exportamos materias primas, sin agregarles valor”.

Lo dicen con un desdén dogmático, ignorando deliberadamente que producir vino de estándar global, cultivar frutas que atraviesan el océano en contenedores de refrigeración de alta tecnología o cosechar aceite de oliva de alta gama es, precisamente, la definición de añadir valor. Pero claro, el quejoso no piensa en la agricultura sofisticada. Su obsesión es el cobre. O mejor dicho, las “piedras con cobre”.

El reclamo sobre el mineral bruto oculta una paradoja provocada por la propia intervención estatal. En Chile se ha vuelto difícil fundir el mineral localmente, no por incapacidad técnica o falta de interés privado, sino debido a trabas regulatorias, presión de colectivos ambientales y lobbies corporativos. Un ejemplo emblemático fue el cierre de la fundición de Ventanas —que no resolvió los problemas ambientales asignados, pero sí distorsionó el mercado—. Ante la imposibilidad regulatoria de procesar en casa, el mineral se exporta concentrado, enviando a China cobre mezclado con otros minerales valiosos que terminan refinándose allá.

La muletilla de “agregar valor” mediante el decreto gubernamental arrastra décadas de repetición cansina. Olvidan que el comercio internacional no es una carrera de autosuficiencia donde gana quien fabrica todo dentro de sus fronteras. El comercio es un intercambio voluntario. Hace más de dos siglos, David Ricardo formuló la ley de la ventaja comparativa: los territorios prosperan cuando se especializan en lo que producen con mayor eficiencia relativa e intercambian libremente el resto. No hace falta que Chile fabrique microchips, automóviles o satélites para ser un país próspero. Basta con que haga de manera insuperable lo suyo y comercie sin trabas con quienes son expertos en lo demás.

Los más memoriosos recuerdan el devastador experimento de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Para el lector extranjero que no esté familiarizado con la historia económica latinoamericana, la ISI fue la obsesión estatal dominante a mediados del siglo XX que buscó cerrar las fronteras mediante aranceles astronómicos para “proteger y desarrollar la industria nacional”.

Chile abandonó gradualmente este modelo autárquico a partir de los años ochenta, abriendo sus fronteras al comercio global. Países vecinos como Brasil y Argentina, en cambio, han arrastrado este dogma como una pesada losa regulatoria. El resultado es matemáticamente predecible: sin competencia libre, la innovación se extingue. El consumidor local queda cautivo, pagando precios altísimos por bienes de pésima calidad, mientras un puñado de oligarcas amparados por el poder mercantilista se enriquecen bajo el cerco aduanero.

En São Paulo o Buenos Aires, poseer un vehículo importado no es solo un lujo, es una carrera de obstáculos fiscales. Esto no ocurre porque los autos nacionales sean intrínsecamente más baratos de producir, sino porque el Estado castiga al comprador con tributos confiscatorios para blindar a sus empresarios amigos. El llamado “nacionalismo económico” jamás ha sido la defensa de la patria; es simplemente un esquema de despojo organizado que transfiere recursos desde el bolsillo del ciudadano común hacia las arcas de los corporativistas con acceso al poder político.

Cuando Chile abrió sus mercados, los primeros en gritar a una nube fueron los propios empresarios nacionales. Obviamente, no querían perder la teta que los mantenía gorditos. Pero tuvieron que adaptarse o morir.

Probablemente también surgió el cuestionamiento automático de la casta política: si no dictamos la estrategia desde un escritorio ministerial, ¿quién innovará? Como si el progreso requiriera la firma de un burócrata. Así como el ministerio del deporte nos dotara de más medallas o de una población menos sedentaria, cosa que no sucede.

No hacen falta “planes nacionales de desarrollo”, “estrategias de clusters tecnológicos” financiadas con impuestos ni comisiones de expertos redactando presentaciones de PowerPoint. La innovación no es un evento burocrático programado; es un proceso descentralizado, caótico y orgánico que emerge de forma espontánea cuando el Estado deja de estorbar. Los agentes privados, motivados por la supervivencia económica y la libre competencia, buscan incansablemente automatizar procesos, reducir costos y elevar la calidad de sus productos. La coacción estatal jamás podrá reemplazar el incentivo del mercado.

Parafraseando a un ex candidato presidencial, cuya idea de progreso era “dejar de picar piedras para vender baterías de litio”. Esta retórica ignora la realidad técnica y económica: el litio es apenas un insumo minoritario en la complejísima cadena de valor de las baterías modernas. Dejar la industrialización en manos de comisiones estatales no genera Silicon Valleys locales; genera focos de corrupción, amiguismo e industrias inviables que tarde o temprano exigen rescates con el dinero confiscado a los contribuyentes.

Si de verdad quisieran crear un Silicon Valley nacional, quizás podríamos comenzar con zonas económicas especiales o ciudades libres.

Para comprobar cómo las empresas estatales son deficitarias no hace falta recurrir a supuestos teóricos. La historia reciente de las empresas estatales en Chile ofrece un catálogo contundente de ineficiencia y privilegio coercitivo:

Codelco: La corporación estatal del cobre, alguna vez autonombrada “el sueldo de Chile”, se ha transformado en un pozo sin fondo de endeudamiento corporativo, atrapada por presiones sindicales, ineficiencia operativa y decisiones políticas.

El proyecto del “Gas a Precio Justo” copiado del chavismo: Una estatal promovida como solución social que terminó en un escándalo de sobrecostos astronómicos por cilindro, donde ningún funcionario asumió responsabilidad patrimonial.

ENAP: La petrolera del Estado, salpicada por escándalos de manipulación de reportes ambientales con el fin de asegurar bonos de desempeño para sus ejecutivos.

TVN: La televisión pública, una estructura deficitaria que consume de manera sistemática recursos fiscales para sostener un aparato mediático irrelevante para el consumidor libre.

En cada uno de estos casos se repite la misma fórmula perversa del modelo estatal: se socializan las pérdidas entre millones de contribuyentes despojados de sus tributos, mientras se privatizan los beneficios e influencias entre la burocracia de turno.

La próxima vez que un amigo condene a Chile por “picar piedras” prueba sugiriéndole que por ejemplo se privatice Codelco.

Dejemos que los emprendedores e inversionistas privados, arriesgando su propio capital y sin el respaldo del tesoro público, asuman la responsabilidad de innovar, extraer y procesar. Si sus proyectos triunfan, el mercado premiará su eficiencia; si fracasan, la factura la pagarán sus accionistas y no el bolsillo de los ciudadanos a través de impuestos. Que compitan en igualdad de condiciones, sin privilegios ni protecciones aduaneras.

El mercado libre y la propiedad privada son los únicos mecanismos éticos y eficientes para separar las empresas productivas de las parasitarias.

Mientras la discusión política se enreda en consignas vacías, vale la pena descorchar una botella de vino chileno. Detrás de ese producto no hay un plan quinquenal ni ministerios dictando pautas. Hay un proceso de innovación silenciosa e incesante: de la antigua molienda tradicional a cubas de acero inoxidable con control térmico computarizado, riego por goteo satelital y biotecnología aplicada en viñedos.

Todo esto ha ocurrido sin titulares grandilocuentes, sin políticos atribuyéndose el mérito. Solo agricultores, enólogos, ingenieros, técnicos y comerciantes cooperando pacíficamente mediante contratos voluntarios. Dos mil años después del mercante romano que naufragó en Sicilia, el mundo sigue reconociendo y valorando el trabajo bien hecho y un buen vino. No hay necesidad de reinventar la rueda desde el poder central; basta con quitarle las cadenas al mercado y dejar que la libertad genere prosperidad.